El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó el jueves 8 de octubre de 2026, por siete votos contra cuatro, un proyecto de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos del INE que los partidos usan para designar liderazgos rumbo a 2027. La decisión confirma el criterio del bloque encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
Con ese resultado quedan, por ahora, sin reglas específicas las figuras de coordinadores y defensores que Morena, el PAN y el PRI ya emplean para posicionar a quienes aspiran a gubernaturas, alcaldías y otros cargos. Es al menos el tercer rechazo formal del año, después de proyectos similares desechados o retirados en mayo y julio.
¿Qué proponían los lineamientos sobre los procesos internos del INE?
La propuesta la presentaron los consejeros Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan y Martín Faz Mora. Buscaba que el Instituto Nacional Electoral verificara, regulara y fiscalizara actos, propaganda y gastos de esos ejercicios antes del arranque formal de las precampañas.
Si se acreditaban como actos anticipados de precampaña o campaña, esos gastos podrían sumarse a los topes. El proyecto contemplaba informes de metodología y costos de encuestas, topes a aportaciones personales y de simpatizantes, y la prohibición de recursos públicos, empresariales o de origen no identificado.
También incluía restricciones a cierta propaganda. Los tres consejeros advirtieron que, sin ese control oportuno, la fiscalización podría llegar hasta el segundo semestre de 2027, cuando la contienda ya hubiera concluido. En contra votaron Taddei, Frida Gómez, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Arturo Chávez y Blanca Cruz. A favor lo hicieron los tres proponentes y un cuarto consejero.
¿Por qué importa ahora la designación de coordinadores?
El 28 y 29 de septiembre, Morena y sus aliados cerraron la designación de 17 Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las entidades que renovarán gubernatura el 6 de junio de 2027. Entre los perfiles están Nora Ruvalcaba, Julieta Ramírez Padilla, Cruz Pérez Cuéllar, Santiago Nieto, Clara Luz Flores, Imelda Castro, Beatriz Mojica y Carlos Torres Piña.
El partido sostiene que se trata de un proceso interno de organización territorial y que las candidaturas formales se definirán después, con fecha límite en diciembre. La oposición y parte del Consejo General replican que la figura opera como un destape anticipado. El PAN ha usado denominaciones como Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, y el PRI, Defensores de México.
El proceso electoral federal 2026-2027 arrancó el 10 de septiembre. Las precampañas están previstas para enero de 2027. En ese intervalo, los designados realizan recorridos, eventos, encuestas y difusión en medios y redes, actividades que los consejeros proponentes consideran susceptibles de fiscalización y de generar ventaja indebida.
¿Qué ha resuelto el TEPJF sobre estas figuras?
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que estos ejercicios pueden formar parte de las actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos y ha instruido al INE a establecer mecanismos de trazabilidad de recursos. A finales de septiembre, la Sala Superior resolvió, por mayoría y en contra del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que las quejas por actos anticipados ligadas a las coordinaciones estatales de Morena corresponden a los organismos públicos locales electorales, no a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, porque se trata de cargos locales.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera precisó que la decisión define competencia y no absuelve conductas. Ese criterio complica el mapa de responsabilidades entre la autoridad nacional y las locales.
¿Cuáles fueron los argumentos de la mayoría y de la minoría?
Taddei explicó su voto en la sesión extraordinaria y en el comunicado institucional posterior. Sostuvo que el proyecto no fue trabajado previamente con todas las consejerías ni socializado con las representaciones partidistas, y que esa forma de proceder afecta la colegialidad. Reconoció ajustes respecto de la versión de mayo, entre ellos procesos locales, protección de datos, fiscalización e inteligencia artificial, pero dijo que el propósito central se mantiene: crear un régimen especial de obligaciones.
Afirmó que el rechazo no cierra la puerta a un análisis técnico y jurídico más amplio ni implica renuncia a las atribuciones de fiscalización, investigación y vigilancia del INE. Criticó que las diferencias internas se trasladen al espacio público como acusaciones de incapacidad institucional o de búsqueda de popularidad. En mayo había ubicado la regulación de estas actividades internas sobre todo en el Poder Legislativo, con el argumento del respeto a la vida interna de los partidos.
Consejeros de la mayoría añadieron que algunas disposiciones podrían invadir competencias de los organismos locales y que ya existen instrumentos, como procedimientos especiales sancionadores, fiscalización ordinaria y la vía de los tribunales, para atender las conductas que se pretenden regular. Humphrey respondió que no opera de la forma señalada, pero sí ante el incumplimiento de un compromiso del Consejo General desde hace 77 días.
Castillo insistió en que se requieren reglas claras para detener afectaciones a la equidad y negó que el planteamiento busque popularidad o alineación partidista. Faz señaló que los lineamientos no serían necesarios si los partidos respetaran los tiempos legales y se abstuvieran de posicionar liderazgos que después ostentarán candidaturas. Representantes del PRI y de Somos acusaron omisión del instituto. Taddei rechazó que el INE haya dejado de cumplir la ley o haya puesto en riesgo la confianza en las elecciones.
El comunicado oficial del INE, número 430, resume la posición institucional: la votación se refiere a esta propuesta concreta, el instituto conserva sus facultades y no se detiene ante las acusaciones intimidatorias. En la misma sesión se abordaron otros asuntos, entre ellos ajustes a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para cumplir una sentencia del TEPJF que ordenó incorporar a las representaciones partidistas con voz, pero sin voto.
¿Qué sigue para la contienda de 2027?
La fractura en el Consejo no es nueva. Desde la llegada de Taddei a la presidencia, en 2023, se ha consolidado un bloque mayoritario frente a una minoría que ha impulsado controles más estrictos sobre el gasto y los tiempos de proselitismo. La oposición ha denunciado ante el INE los nombramientos de Morena como campañas anticipadas y ha exigido fiscalización del origen y destino de los recursos. En el arranque formal del proceso, el 10 de septiembre, Taddei respondió que el instituto no rinde cuentas a uno, dos o tres partidos.
Expertos citados en la cobertura, entre ellos el exconsejero presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, han calificado la figura de los defensores o coordinadores como una vía para eludir los calendarios legales, replicada por su efectividad. La autoridad electoral mantiene que no todo acto de promoción constituye por sí mismo un acto anticipado de campaña y que la calificación corresponde caso por caso, con las competencias que el TEPJF ha delimitado.
Queda abierta, según la presidencia del Consejo, la posibilidad de retomar un proyecto con mayor consenso. En la práctica, Morena ya cerró su mapa de 17 coordinaciones estatales, otros partidos avanzan con figuras análogas y las precampañas formales están a menos de tres meses. La fiscalización de lo gastado hasta ahora dependerá de las denuncias que se presenten, de la competencia que asuman los organismos locales y de si el INE aplica, sin lineamientos específicos, las facultades generales que dice conservar. La equidad de la contienda de 2027 se jugará, en buena medida, en esa zona gris entre el proceso interno que los partidos declaran y el posicionamiento electoral que sus adversarios denuncian.
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