A partir de mañana, la Fiscalía General de la República modificará su estructura orgánica. Como parte de este cambio, la FGR crea nuevas fiscalías que atenderán áreas como derechos humanos, pueblos indígenas y delitos del pasado.
La FGR crea nuevas fiscalías entre las que destaca la de seguimiento a recomendaciones y quejas en materia de Derechos Humanos. También se establece una fiscalía especializada para personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Además, se revivirá la fiscalía de investigación de delitos sociales y políticos del pasado. Esta instancia se enfocará en casos ocurridos entre 1965 y 1990, informó el Diario Oficial de la Federación.
La reforma al estatuto orgánico forma parte de la transformación que vive la FGR bajo el mandato de Ernestina Godoy. La titular de la fiscalía presentará este viernes su Plan Integral de Procuración de Justicia.
La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado tendrá facultades específicas. Participará en la investigación y persecución de averiguaciones previas, carpetas de investigación y procesos penales relacionados con graves violaciones a derechos humanos.
También atenderá delitos sociales y políticos del pasado y otros asuntos emblemáticos de trascendencia histórica. Particularmente aquellos ocurridos entre 1965 y 1990, así como los que por su relevancia institucional le sean asignados.
Esta fiscalía dará seguimiento a las actuaciones realizadas por la instancia que llevó el mismo nombre durante el gobierno de Vicente Fox Quesada. En ese entonces se llevó a juicio al ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, aunque no se obtuvo sentencia condenatoria.
La nueva fiscalía podrá conducir investigaciones bajo estándares de debida diligencia reforzada. También realizará análisis de contexto y búsqueda de la verdad, así como acciones de documentación histórica y sistematización de información relevante.
Cuando la FGR crea nuevas fiscalías, también fortalece la atención a grupos históricamente marginados. La Fiscalía Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas podrá investigar delitos federales no considerados como delincuencia organizada o electorales.
Esta instancia atenderá casos en los que víctimas, ofendidas o imputadas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Deberá garantizar en todo momento la protección de sus derechos y la procuración de justicia.
El órgano tendrá la obligación de promover el diálogo intercultural. También fomentará la armonización, la complementariedad, la mediación y la pacificación en asuntos que involucren a estas comunidades.
Además, coordinará con instancias competentes la celebración de convenios para brindar servicios de traductores e intérpretes. Estos apoyarán a personas indígenas o afromexicanas durante el procedimiento penal.
También impulsará la generación de protocolos especializados para la atención de asuntos indígenas y afromexicanos. Estos protocolos deberán tener enfoque de pluralismo jurídico, perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo.
La reforma también otorga nuevas facultades a las instancias que integran la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero que operará en coordinación con otras fiscalías.
La FEMDO podrá ejercer la facultad de atracción en la investigación y persecución de delitos de extorsión. También se crean un Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera.
Como parte de este órgano, se establecen las siguientes unidades: de Planeación para el Desarrollo y Formación, del Servicio Profesional de Carrera, un Centro de Evaluación y Control de Confianza, y la Unidad Especial de Igualdad Sustantiva y de Género.
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