CHETUMAL, Quintana Roo.– Representantes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) y del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe solicitaron este jueves 22 de octubre de 2026 a los tres senadores por Quintana Roo que intervengan para atenuar el impacto del incremento al Derecho de No Residente (DNR) previsto en el paquete fiscal 2027, cuya cuota subiría de 983 a 1,158 pesos por visitante extranjero.
Una petición directa a los senadores de Quintana Roo
El planteamiento fue dirigido a Anahí González Hernández, Francisco Alejandro Carrillo Flores y Mayuli Martínez Simón, quienes representan a la entidad en la Cámara alta, el Senado de la República. A ellos, los voceros del sector les pidieron respaldo para reducir el efecto negativo de la medida sobre hoteles, comercios, restaurantes, transporte y el conjunto de los servicios turísticos del Caribe mexicano.
Los organismos precisaron que su mayor preocupación es que una disminución en la llegada de visitantes extranjeros termine golpeando el empleo y, con ello, el bienestar de miles de familias quintanarroenses.
De manera particular, solicitaron que los legisladores fijen una postura pública, tanto en comisiones como en el pleno, sobre las consecuencias del alza en la competitividad, la conectividad y el empleo del estado. También les pidieron gestionar ante las secretarías de Hacienda y de Turismo, así como ante la Cámara de Diputados, recursos para promoción turística dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, y empujar un mecanismo permanente, transparente y con resultados medibles, con participación pública y privada, que aproveche la experiencia del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
Cuánto subiría el DNR y a dónde iría lo recaudado
El ajuste forma parte de la reforma a la Ley Federal de Derechos incluida en el paquete económico 2027. De acuerdo con lo aprobado el pasado 13 de octubre por la Cámara de Diputados, la cuota para el visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas aumentaría 175 pesos, un 17.8 por ciento frente a los 983 pesos vigentes. La propuesta original contemplaba una alza de alrededor de 35 por ciento, que se moderó luego de los reclamos de la industria turística.
Los empresarios subrayaron que a ese cobro se suman un incremento de 10 por ciento en los derechos por uso del espacio aéreo mexicano, el tipo de cambio y el encarecimiento de otros gastos del viaje. En su opinión, la suma de estas cargas hace más caro visitar México frente a otros destinos de playa del Caribe y le resta atractivo tanto para los turistas como para las aerolíneas que deciden dónde abrir o mantener rutas.
El sector también cuestionó el destino de los recursos. Según la minuta, 57 por ciento de lo recaudado por el DNR se canalizaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y 28 por ciento a la Tesorería de la Federación, sin porcentaje alguno para promoción turística. Por su parte, la Secretaría de Turismo (Sectur) ha indicado que los 175 pesos adicionales se destinarían al INM para modernizar infraestructura tecnológica y controles migratorios, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el monto, cercano a 10 dólares, fue analizado para evitar un efecto adverso en el turismo.
Quintana Roo, la entidad más expuesta al turismo internacional
Los dirigentes advirtieron que Quintana Roo resentirá el efecto de manera directa, pues es la principal puerta de entrada aérea del turismo internacional al país y su economía depende de esa actividad. De acuerdo con reportes de la Sectur, en 2025 la entidad recibió más de 21 millones de turistas, cerca de 40 por ciento de los visitantes internacionales que ingresaron a México; las estadísticas oficiales pueden consultarse en DataTur.
Esa relevancia coincide con señales de enfriamiento. Organismos del sector turístico estatal han alertado de una baja de 6.1 por ciento en pasajeros internacionales entre enero y agosto de 2026, equivalente a unos 1.6 millones de personas, además de una menor oferta de vuelos hacia el estado durante el otoño. En destinos como Cancún, esa tendencia se vive en la operación cotidiana de hoteles, transportistas y agencias.
Cuando llegan menos visitantes, explicaron los representantes empresariales, la caída alcanza a miles de pequeñas y medianas empresas, reduce ingresos y empleos en las comunidades y, además, disminuye la recaudación de IVA, ISR e impuesto al hospedaje. Por ello, consideraron que el incremento podría no traducirse en mayores ingresos públicos.
El antecedente: del Consejo de Promoción Turística al vacío actual
Los hoteleros recordaron que, durante años, una parte sustancial del DNR financió la promoción del país. Antes de la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), alrededor de 80 por ciento de lo recaudado se orientaba a ese organismo, que fue liquidado en 2019, según consta en la Cuenta Pública federal. En el último ejercicio de ese esquema se destinaron poco más de 5 mil millones de pesos a promoción, cantidad que el sector estima equivalente hoy a unos 7 mil 908 millones.
El argumento central es que existía un círculo virtuoso: la promoción atraía más visitantes y más visitantes generaban más recursos para promover el destino. Hoy, plantearon, el turista que paga el DNR ya no contribuye a sostener la demanda del lugar que visita. Si viajar a México será más costoso, insistieron, es indispensable invertir en hacerlo más atractivo mediante promoción internacional, imagen de país y capacidad de respuesta ante crisis reputacionales.
Como referencia, el sector mencionó el modelo quintanarroense, donde una parte del impuesto al hospedaje se destina al consejo estatal de promoción. Aun así, subrayaron que el presupuesto federal todavía está a tiempo de asignar una cantidad a la promoción internacional del Caribe mexicano.
El Congreso
El dictamen aún debe ser analizado y votado en el Senado, por lo que la solicitud del sector busca incidir en esa etapa. Organismos empresariales de otras entidades del sureste, como Yucatán y Campeche, también han pedido revisar el aumento. En paralelo, la discusión sobre cuánto se destinará a promoción dependerá del Presupuesto de Egresos 2027, atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.
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