INE despide a 4 allegados a Taddei, salen del cargo mientras avanza la revisión interna
Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer este lunes 2 de noviembre, durante una sesión virtual del Consejo General, la salida de cuatro mandos de primer nivel que habían sido ubicados en áreas estratégicas durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala. Los nombres son Pedro Pablo Chirinos, Juan Manuel Vázquez Barajas, Sergio Uzeta y Jorge Egrén Moreno Troncoso, quienes estaban adscritos a la Secretaría Ejecutiva, al área de Prerrogativas y Partidos Políticos, a Comunicación Social y al Servicio Profesional Electoral Nacional.
Con estas cuatro bajas, el organismo electoral acumula cerca de una veintena de salidas en poco más de una semana, un ajuste que comenzó tras la renuncia de Taddei a la presidencia del instituto y que ahora se extiende a la estructura directiva que ella misma colocó sin consenso previo del órgano colegiado. Las decisiones se adoptan en un contexto doblemente delicado: el Proceso Electoral Federal 2026-2027 ya está en marcha y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abierta una revisión sobre contrataciones del instituto y de los organismos públicos locales electorales.
Cuatro nombres y un mismo patrón de nombramientos
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales y con los acuerdos que las consejerías han hecho públicos en las últimas sesiones, los cuatro perfiles comparten una característica común: llegaron a puestos de dirección sin el respaldo del Consejo General y con antecedentes de militancia o representación partidista, en particular en estructuras de Morena. A ello se suma, según los señalamientos recogidos por las propias consejerías, la falta de experiencia técnica para las funciones asignadas y la retención u obstaculización de información solicitada por otras áreas del instituto.
El caso más documentado es el de Chirinos. Antes de incorporarse al INE se desempeñó como representante de Morena ante el organismo electoral local de Veracruz, posición desde la cual defendió públicamente a la entonces aspirante a la gubernatura Rocío Nahle. Su historial incluye su salida, en junio de 2020, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora, donde fue separado por presuntos vínculos con ese partido, acusaciones que él mismo admitió al asumir la representación partidista en Veracruz.
INE despide a 4 allegados a Taddei y ASF audita contratos
Ya dentro del instituto, Taddei lo incorporó primero como asesor y después lo propuso para encabezar la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, postulación que el Consejo General rechazó. Tras recibir facultades delegadas para nombrar sin consenso, la entonces presidenta lo instaló en ese cargo. En 2025, varias consejerías lo acusaron en plena sesión de elaborar proyectos con datos falsos para favorecer a determinados perfiles destinados a los organismos locales. En abril de 2026 fue ratificado, pero ante una denuncia por incumplimiento del principio de paridad fue sustituido por María Fernanda Romo Gaxiola y reubicado en la Coordinación de Gestión y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
El segundo nombre de mayor peso es el de Vázquez Barajas, quien fue rechazado por el Consejo General como titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y luego impuesto en esa posición. Uzeta, por su parte, encabezaba la Coordinación de Comunicación Social, un área donde ninguno de los dos perfiles nombrados por la anterior presidencia logró mantenerse. A Moreno Troncoso se le ubica en el ámbito del Servicio Profesional Electoral Nacional.
La revisión de toda la Junta General Ejecutiva
La salida de estos cuatro directivos es el capítulo más reciente de una crisis que escaló a finales de octubre. Taddei anunció su renuncia el domingo 25 de octubre y la entregó formalmente al día siguiente a la Cámara de Diputados, en medio de revelaciones periodísticas sobre contratos, pagos a personal sin funciones comprobables y vínculos personales con proveedores del instituto, entre ellos el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Su periodo, obtenido por insaculación el 31 de marzo de 2023 y ejercido desde el 4 de abril de ese año, debía extenderse hasta 2032, según consigna el perfil disponible en Wikipedia.
El 27 de octubre, las diez consejerías que permanecen en el cargo designaron por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Abogada con especialidad en derecho constitucional y maestría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cruz García fue consejera presidenta del organismo electoral de Puebla y se integró al Consejo General del INE en abril de 2026. El portal institucional Central Electoral precisó que ocupará la presidencia de manera interina hasta que la Cámara de Diputados designe a la persona que concluirá el periodo vacante.
Durante esa sesión, el consejero Arturo Castillo Loza calificó la designación como una responsabilidad de Estado en un contexto sumamente adverso y advirtió que el instituto atraviesa su mayor crisis institucional. Planteó que la respuesta debe combinar transparencia, rendición de cuentas e investigación de posibles irregularidades, además de revisar el desempeño de toda la Junta General Ejecutiva. En la misma línea, el consejero Martín Faz Mora sostuvo que la crisis no puede interpretarse como un hecho aislado ni resolverse con la sustitución de una sola persona, y subrayó que la fortaleza del organismo descansa en sus órganos colegiados y en sus procedimientos, no en la concentración de facultades en la presidencia.
Ese criterio derivó en un acuerdo del Consejo General para examinar los expedientes y el desempeño de quienes ocupan cargos directivos en la Junta General Ejecutiva, las unidades técnicas y las coordinaciones, distinguiendo entre personal de confianza y trabajadores operativos con años de antigüedad. Las decisiones se toman de manera colegiada entre las diez consejerías. La propia presidenta provisional informó de una docena de renuncias voluntarias de personal adscrito a la oficina de la Presidencia, entre ellas la del jefe de oficina, Carlos Daniel Luna, cuyo paso por el cargo fue cuestionado en sesión.
Auditoría, contratos millonarios y el peso sobre el presupuesto 2027
En paralelo a los ajustes internos, la ASF informó que abrió una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos y por probables daños al erario en contrataciones del INE y de los organismos locales. El titular del órgano fiscalizador, Aureliano Hernández Palacios Cardel, indicó que la revisión identificó a dos grupos empresariales que concentraron contratos por hasta 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026, un lapso que abarca administraciones anteriores y la gestión de Taddei.
El instituto, por su parte, señaló que colaborará con la auditoría y que remitió los expedientes a su Órgano Interno de Control, instancia que ya había denunciado la entrega de documentos alterados durante las revisiones del primer semestre de 2026. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que los contratos se auditen y se transparenten, y precisó que la revisión no debe limitarse al periodo de la expresidenta del INE, sino extenderse hacia atrás; también llamó a todas las fuerzas políticas a cuidar al árbitro electoral. El debate llegó al terreno presupuestal: el instituto solicitó alrededor de 42 mil millones de pesos para 2027 y en San Lázaro se anticipa un recorte de entre cinco y seis mil millones, en un entorno donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantiene pendientes diversas impugnaciones relacionadas con la integración de los organismos electorales locales.
Un relevo definitivo con la mira puesta en las urnas de 2027
El relevo permanente está en manos del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, confirmó la recepción del oficio de renuncia y lo turnó a la Junta de Coordinación Política para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 41 constitucional. La ruta contempla la emisión de una convocatoria y un proceso que podría tomar entre cuatro y cinco semanas, con la expectativa de alcanzar un acuerdo amplio entre los grupos parlamentarios. Quien sea designado asumirá el cargo por el tiempo restante del periodo original, es decir, alrededor de seis años.
El margen de maniobra es estrecho. El Proceso Electoral Federal 2026-2027 arrancó el 10 de septiembre de 2026 y culminará con las votaciones de junio de 2027, de modo que el nuevo titular del árbitro electoral llegará con menos de un año para conducir la organización de los comicios. En ese horizonte, la prioridad declarada por las consejerías que permanecen es reconstruir la colegialidad del Consejo General, cerrar los espacios donde se concentraron facultades y demostrar con hechos que la institución puede fiscalizarse a sí misma. Para los partidos y para la ciudadanía, el indicador más visible no será el número de renuncias, sino la capacidad del instituto de llegar a junio de 2027 con reglas claras, información abierta y decisiones tomadas en colectivo.
Fuentes institucionales y canales oficiales
La información oficial sobre los acuerdos del Consejo General, las convocatorias y el calendario electoral se publica en el sitio del INE y en su portal informativo Central Electoral. Los detalles del procedimiento de designación corresponden a la Cámara de Diputados, mientras que los resultados de la fiscalización superior son responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación. El contexto histórico del organismo y de su anterior titular puede consultarse en las entradas de Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala y Morena en Wikipedia.
Los anuncios y posicionamientos también se difunden a través de los canales institucionales en redes sociales: la cuenta del instituto en X, su perfil en Facebook, su cuenta en Instagram y su página en LinkedIn, así como la cuenta de la Cámara de Diputados en X.
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