La jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, luego de una audiencia que se extendió por casi 40 horas a través de videoconferencia. La medida cautelar fue impuesta al exmandatario y a otros siete acusados por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La prisión preventiva a Ernesto Ruffo fue determinada después de que el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formulara la imputación correspondiente. Durante la audiencia inicial, se presentaron cerca de un centenar de datos de prueba ante la autoridad judicial.
La Fiscalía General de la República informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Esto ocurrió tras el debate entre las partes, previo a que la jueza resolviera la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.
La prisión preventiva a Ernesto Ruffo y a cinco de los coacusados deberá cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, ubicado en el estado de México. Los cinco imputados que enfrentarán su proceso en este penal son Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, además del ex gobernador.
En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, la jueza determinó que permanecerán en sus domicilios por motivos de salud. Por su parte, Adriana Magali Bárcenas Guillen fue internada en el CERESO Nezahualcóyotl Sur, mientras se define su situación legal.
Las detenciones de los imputados se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad. La FGR señaló que estas acciones son el resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de derivados del petróleo.
El esquema de contrabando de hidrocarburo que se les atribuye consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. Según las investigaciones, los implicados reportaban menos volumen del que realmente transportaban o declaraban el combustible como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Las conductas delictivas investigadas generan una afectación económica directa para el país. La FGR señaló que estas actividades también constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales que operan en territorio nacional.
Las investigaciones apuntan a que las operaciones de este grupo delictivo están vinculadas a las actividades de la empresa Ingemar. De esta compañía, Ruffo Appel es accionista mayoritario, según los datos presentados por la Fiscalía.
Entre enero y julio de 2025, las operaciones irregulares causaron daños al erario federal estimados en 4 mil millones de pesos. La FGR documentó que los implicados no cumplieron con sus obligaciones fiscales durante el periodo señalado.
Afuera de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, se desplegó un operativo de seguridad para el traslado de los detenidos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana resguardaron el área con patrullas tipo Pick Up y un vehículo táctico blindado conocido como Black Mamba.
El vehículo blindado, de fabricación mexicana, fue utilizado para trasladar al ex gobernador Ruffo Appel y a los otros cuatro imputados hacia el Altiplano. Este tipo de unidades están diseñadas para operaciones de alto riesgo y son empleadas en traslados de personas privadas de la libertad con medidas de seguridad reforzadas.
La prisión preventiva a Ernesto Ruffo representa una de las medidas más severas que puede imponer un juez en el sistema penal mexicano. Esta determinación implica que los imputados permanecerán recluidos durante todo el proceso penal, sin posibilidad de enfrentarlo en libertad.
El ex gobernador de Baja California se desempeñó como mandatario estatal entre 1989 y 1995. Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, al ser postulado por el Partido Acción Nacional.
La FGR continuará con las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones irregulares. La dependencia federal mantiene abiertas las líneas de investigación para identificar a otros posibles participantes en el esquema de contrabando.
El proceso legal contra los ocho imputados se encuentra en su etapa inicial. La duplicidad del término constitucional a la que se acogió la defensa permitirá a los abogados preparar los argumentos para la audiencia donde se definirá la situación jurídica de cada uno.
Los delitos de delincuencia organizada y contrabando son considerados graves por la legislación mexicana. Las penas previstas para estos ilícitos pueden alcanzar largas condenas, dependiendo de la cantidad de hidrocarburo involucrado y el monto del daño al erario.
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