Santa Catarina Juquila, Oaxaca. La Asamblea de Pueblo de Santa Catarina Juquila, la máxima autoridad de esta comunidad indígena del centro-sur de Oaxaca, resolvió por mayoría de votos suspender la venta de productos de Grupo Bimbo —en particular de las marcas Barcel y Marinela— en todos los comercios del municipio. La medida busca frenar la acumulación de basura de empaques y de plásticos de un solo uso que, según los propios habitantes, ha rebasado la capacidad del municipio para recolectarla y procesarla.
Un acuerdo colectivo, no una orden de gobierno
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la decisión no partió del ayuntamiento sino de la asamblea comunitaria, entendida en la región como la instancia de gobierno más alta y vinculante. El cabildo se limitó después a ratificar de manera oficial lo que la asamblea ya había votado. Entre los productos alcanzados por la prohibición están las botanas y frituras saladas de Barcel, así como los pastelitos y la repostería industrializada de Marinela, junto con otras líneas de ultraprocesados del corporativo.
La prohibición no llega sola: forma parte de un paquete de disposiciones ambientales conocido como “Bando de Buen Gobierno”, que fija obligaciones tanto para los comerciantes como para las familias del municipio en materia de manejo de residuos.
El argumento de fondo: quién paga la basura
El razonamiento que sostiene la comunidad es económico y ambiental a la vez. Los pobladores argumentan que las grandes marcas de alimentos ultraprocesados obtienen la ganancia de sus ventas, mientras que es el municipio —con recursos limitados— el que carga con el costo de recoger, transportar y disponer los empaques que esos productos dejan atrás. El basurero local, señalan, ya no da abasto, y la limpieza de calles se ha encarecido de forma notable.
Este planteamiento conecta con un debate más amplio que ha ganado fuerza en México y otros países: el de la llamada responsabilidad extendida del productor, es decir, la idea de que las empresas que fabrican envases de difícil reciclaje también deberían asumir parte del costo de gestionarlos, y no solo los gobiernos locales o los consumidores.
Reglas nuevas para comercios y familias
El Bando de Buen Gobierno no se limita al veto comercial. También prohíbe a los negocios entregar bolsas de plástico, por lo que los clientes deberán acudir a comprar con tópers, bolsas de tela u otros recipientes reutilizables. Se exige además la separación obligatoria de residuos y la instalación de botes de basura en los comercios, con sanciones para quienes incumplan.
A partir de agosto, de acuerdo con lo estipulado por la comunidad, el ayuntamiento condicionará el servicio de recolección: no se levantará basura que no esté separada ni entregada en bolsas transparentes. Las familias, por su parte, quedan obligadas a mantener limpio el frente de sus viviendas como parte de las responsabilidades colectivas que impone el bando.
El peso de ser santuario: la Ruta de la Fe
Buena parte de la presión sobre el sistema de basura de Juquila tiene un origen muy particular: el municipio alberga el santuario de la Virgen de Juquila, uno de los puntos de peregrinación más concurridos del país y parte de la llamada “Ruta de la Fe”. Se calcula que cerca de 1.5 millones de personas visitan el santuario cada año, un flujo de peregrinos, comercio ambulante y transporte que multiplica el volumen de empaques y envases desechados, muchos de ellos productos ultraprocesados vendidos por cadenas de gran escala.
La comunidad sostiene que la infraestructura de recolección y disposición de basura con la que cuenta el municipio no está diseñada para absorber una cantidad de residuos propia de una ciudad mucho mayor, lo que agrava la saturación del basurero y afecta la limpieza del entorno. El veto a Bimbo y Barcel se presenta así como un intento de recuperar cierto control sobre ese modelo de consumo y sus costos ambientales.
El respaldo legal: libre determinación indígena
La decisión se apoya en un marco jurídico específico: el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido en el artículo 2° de la Constitución mexicana, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la facultad de estos pueblos para decidir sus propias formas de organización y gobierno interno. Bajo ese marco, la Asamblea de Pueblo se asume con autoridad suficiente para regular el comercio, el manejo de residuos y la protección del territorio dentro de su jurisdicción.
El caso de Juquila no es un hecho aislado en Oaxaca. El estado ya había marcado precedente en 2020, cuando su Congreso local aprobó una reforma que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, medida que en su momento fue calificada como histórica por organismos como Unicef y la ONU. A ese antecedente se suman acuerdos comunitarios en otras localidades oaxaqueñas, como Villa Hidalgo Yalalag, donde también se ha restringido el ingreso de distribuidores de productos industrializados.
Comercio local y alternativas
El veto abre preguntas que apenas comienzan a discutirse en la región. Las tienditas y comercios de abarrotes de Juquila dependen en buena medida de productos de alta rotación como las botanas y los pastelitos de Bimbo, por lo que la medida obliga a buscar sustitutos: pan tradicional, botanas artesanales y productos frescos de producción local podrían ocupar ese espacio en los próximos meses. El caso, en cualquier caso, ya se integra a una conversación nacional más amplia sobre la regulación de los alimentos ultraprocesados y sobre quién debe cargar con el costo ambiental del modelo de consumo actual.
