El número de menores de edad deportados mexicanos desde el inicio del gobierno de Donald Trump asciende a 8 mil 444 casos, de acuerdo con datos oficiales. La cifra refleja una tendencia sostenida en las repatriaciones, con un cambio relevante en el perfil de los afectados, ya que la mayoría de los niños y adolescentes fueron retornados sin compañía de sus padres.
Las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, correspondientes al periodo de enero de 2025 a enero de 2026, indican que 5 mil 798 menores fueron deportados sin estar acompañados. Esto representa el 68 por ciento del total en ese lapso, lo que marca una diferencia significativa respecto al último año del gobierno de Joe Biden, cuando la proporción de menores no acompañados fue de 40.6 por ciento.
Este incremento en la proporción de menores que cruzan la frontera sin compañía adulta ha generado alertas entre organismos internacionales. Expertos independientes en derechos humanos, designados por la Organización de Naciones Unidas, han manifestado preocupación por posibles violaciones a los derechos de la niñez durante los procesos migratorios en Estados Unidos.
Entre los señalamientos destaca la suspensión de servicios legales para menores migrantes. Desde el 18 de febrero de 2025, autoridades estadounidenses ordenaron a organizaciones sin fines de lucro detener la provisión de asistencia jurídica, lo que implicó la eliminación del financiamiento para abogados que representaban a menores no acompañados en procedimientos migratorios.
La falta de representación legal ha sido identificada como un factor que puede afectar el debido proceso de los menores. Sin asesoría jurídica, los niños y adolescentes enfrentan mayores dificultades para comprender los procedimientos y ejercer sus derechos dentro del sistema migratorio.
Además, se han documentado testimonios sobre presiones ejercidas hacia menores de edad para aceptar retornos voluntarios. De acuerdo con estos reportes, algunos adolescentes habrían sido incentivados con pagos en efectivo de 2 mil 500 dólares para aceptar la deportación, bajo advertencias de posibles detenciones prolongadas en caso de negarse.
Organizaciones sociales también han denunciado condiciones adversas durante la detención de menores. Entre los señalamientos se encuentran la retención en instalaciones cerradas sin ventanas, la falta de atención médica adecuada y la separación prolongada de sus familiares.
En el contexto de estas prácticas, el fenómeno de menores de edad deportados ha cobrado relevancia por sus implicaciones humanitarias. Diversos reportes indican que las condiciones de estancia en centros de detención han presentado carencias en servicios básicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de estándares internacionales.
En cuanto a las rutas de repatriación, los datos oficiales muestran que una minoría de los menores fue trasladada por vía aérea. Durante 2025 y enero de 2026, 69 menores llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras 540 fueron enviados al aeropuerto de Tabasco y 562 al de Tapachula, en Chiapas.
La mayoría de los retornos se realizó por vía terrestre. Un total de 7 mil 293 niñas, niños y adolescentes fueron repatriados a través de 13 puntos fronterizos ubicados en estados como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, lo que refleja la concentración de estos procesos en la franja norte del país.
Paralelamente, durante los primeros meses del actual gobierno estadounidense se reactivó el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley. Este espacio, destinado a alojar a familias migrantes, había sido cerrado durante la administración anterior, pero volvió a operar como parte de la estrategia migratoria vigente.
Testimonios recopilados por organizaciones humanitarias han dado cuenta de diversas dificultades en estos centros. Entre los problemas reportados se encuentran brotes de enfermedades como sarampión, así como limitaciones en el acceso a agua, alimentos y servicios médicos.
El aumento en el número de menores de edad deportados, junto con las condiciones en las que se desarrollan los procesos migratorios, ha intensificado el debate sobre la protección de los derechos de la niñez migrante. Las cifras y reportes continúan siendo objeto de seguimiento por parte de autoridades y organismos internacionales.
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