La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estela Ríos González, otorgó una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León continuar con el proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García. La medida, de carácter provisional, paraliza cualquier resolución que pudiera separarlo del cargo o inhabilitarlo mientras la Corte resuelve el fondo de una controversia constitucional promovida por el propio mandatario.
El vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que esta decisión deja en la impunidad las supuestas irregularidades cometidas por el emecista. El legislador calificó la determinación como desafortunada y sostuvo que, en los hechos, otorga un blindaje al gobernador frente a las consecuencias más graves que podría tener el juicio político contra el gobernador Samuel García.
En conferencia de prensa, el morenista subrayó que la ministra Ríos concedió la suspensión sin que el máximo tribunal haya estudiado el fondo del asunto. Tampoco se ha determinado que el Congreso de Nuevo León haya actuado de manera ilegal, ni se han declarado inconstitucionales las acusaciones contra el mandatario. Ramírez Cuéllar insistió en que la Corte no ha exonerado a García Sepúlveda de los señalamientos en su contra.
Uno de los argumentos esgrimidos por la ministra para justificar la suspensión fue la necesidad de preservar la gobernabilidad en la entidad. Ramírez Cuéllar calificó esta postura como falaz, ya que, dijo, existen medios institucionales suficientes para garantizar dicha gobernabilidad sin necesidad de frenar el proceso legislativo. El legislador consideró que la decisión envía un mensaje delicado al desconocer la institucionalidad del estado y proteger a un gobernador investigado por la Comisión Anticorrupción de Nuevo León.
El morenista también lamentó que la jueza local Tania Virginia Neri, también de Nuevo León, haya concedido un amparo al gobernador para impedir que el Congreso local vote sobre la procedencia del juicio político. Ante este panorama, Ramírez Cuéllar pidió que tanto la actuación de la ministra Ríos como la de la jueza Neri sean analizadas de oficio por el Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que ambas determinaciones merecen una revisión profunda.
La ministra Estela Ríos González respondió este martes en redes sociales a las críticas generadas por su resolución. Aclaró que la suspensión no paraliza el procedimiento en su totalidad, aunque reconoció que sí frena su resolución. En sus palabras, la medida impide que, por ahora, el Congreso de Nuevo León emita un fallo para separar al gobernador del cargo o inhabilitarlo, mientras la Suprema Corte resuelve la controversia constitucional 386/2026.
La togada defendió su decisión como un acto estrictamente jurídico. Explicó que la suspensión busca preservar la materia del litigio, ya que de no concederse, se afectaría la continuidad del ejercicio de las funciones del titular del Ejecutivo estatal. Agregó que un daño de esa naturaleza sería difícil de reparar si la Corte emitiera después una sentencia favorable al gobernador. En ese sentido, sostuvo que el tiempo fuera del cargo, tratándose de un puesto de elección popular, no es recuperable.
La controversia constitucional promovida por Samuel García aún no tiene fecha para ser resuelta por el pleno de la Suprema Corte. Mientras tanto, la suspensión concedida por la ministra Ríos González permanecerá vigente, lo que deja en pausa cualquier avance en el proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García. La falta de un plazo definido para la resolución del máximo tribunal genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del proceso legislativo en Nuevo León.
Este freno judicial ocurre en medio de un clima de tensión entre el Poder Legislativo estatal y el Ejecutivo local. La investigación de la Comisión Anticorrupción de Nuevo León, que motivó el proceso de juicio político, permanece en el centro del debate público, mientras los actores políticos y la ciudadanía esperan una definición de la Suprema Corte que despeje el panorama jurídico y político del estado.
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