La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció este miércoles un calendario escalonado que lleva al 31 de diciembre de 2025 la fecha límite para que los usuarios de telefonía prepago vinculen sus líneas al padrón telefónico nacional, revirtiendo así la postura oficial que había fijado el 30 de junio como fecha inamovible. La medida reconoce implícitamente que el avance del registro ha sido insuficiente y se convierte en el primer tropiezo regulatorio del organismo desde su constitución.
Un calendario por dígito: ¿Cuándo vence tu plazo?
La CRT estableció que la fecha límite varía conforme al último dígito del número celular de cada usuario. Así, quienes tengan un número terminado en 0 deberán completar su vinculación antes del 5 de agosto; los terminados en 1, antes del 31 del mismo mes. A partir de septiembre el ritmo se intensifica: el dígito 2 tiene plazo hasta el 15 de ese mes, y el 3 hasta el 30. En octubre vencen los terminados en 4 (día 15) y 5 (día 31); en noviembre, el 6 (día 15) y el 7 (día 30); y finalmente en diciembre, el 8 cierra el 15 y el 9 el último día del año.
Los usuarios con contratos de pospago quedan exentos de este proceso: la autoridad precisó que sus líneas ya se encuentran vinculadas de forma automática al sistema.
Una vez que expire el plazo correspondiente a cada dígito, las operadoras contarán con 72 horas para suspender el servicio de las líneas que no hayan completado el trámite. Las líneas suspendidas conservarán únicamente la posibilidad de comunicarse con servicios de emergencia, atención ciudadana y la propia compañía telefónica, además de recibir alertas sísmicas.
Menos de la mitad del mercado está registrado
Las cifras divulgadas por la CRT ilustran el reto que motivó la prórroga. Hasta el martes 23 de junio, el número de líneas vinculadas equivalía al 43.28% de un mercado móvil que el regulador estima en más de 144 millones de accesos, según datos de 2025. Eso significa que más de 82 millones de líneas aún carecían de vinculación, una cifra comparable —en términos de magnitud— a la suma de todos los mercados móviles de Argentina, Uruguay y Paraguay al inicio de este año.
La propia CRT actualizó ese dato durante la mañana del miércoles: indicó que 63 millones de líneas han concluido el proceso, de las cuales 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago, lo que representa el 43.57% del total del mercado nacional.
El debut regulatorio de la CRT y el peso de un primer tropiezo
La extensión del plazo pone en evidencia una contradicción institucional. La CRT había fijado el 30 de junio como fecha definitiva en los Lineamientos publicados en diciembre de 2024, resistiendo en reiteradas ocasiones las peticiones del sector de telecomunicaciones para ampliar el período. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) contempla, en su artículo trigésimo transitorio, la posibilidad de autorizar hasta 120 días hábiles adicionales, aunque al cierre de esta edición no había sido publicada la resolución formal en el Diario Oficial de la Federación.
La CRT también deberá explicar la compatibilidad de esta decisión con lo dispuesto en el sexto transitorio de sus propios lineamientos, que tiene carácter vinculante. El organismo tomó el control regulatorio del sector recientemente y ya a finales de 2025 había generado polémica internacional al publicar un boletín que situaba el precio del espectro radioeléctrico en México un 7% por debajo del promedio regional, cifra que organismos como la OCDE, la GSMA y ASIET cuestionaron con sus propios indicadores.
El siguiente desafío en la agenda del regulador es la primera subasta de espectro radioeléctrico orientada a procesos productivos, prevista para los próximos meses.
Operadoras, costos y el origen del padrón
La implementación del registro también ha generado fricciones en la cadena operativa. Un grupo de operadores móviles virtuales solicitó formalmente la ampliación del plazo tras reportar la pérdida de más de un millón de accesos derivada de fallas técnicas que impidieron a sus clientes completar el registro. Los operadores de red principales también reportaron una reducción similar en su base de usuarios, según información de sus propios estados financieros, aunque indicaron públicamente que acatarían los tiempos del regulador.
El gobierno federal ha calculado que la infraestructura necesaria para sostener el padrón tiene un costo de 4,053 millones de pesos (equivalentes a alrededor de 220 millones de dólares), que en una primera etapa sería asumido por las empresas del sector y trasladado posteriormente a los usuarios mediante los planes de servicio.
El espíritu declarado del registro es fortalecer la prevención de delitos, al vincular cada línea celular con la identidad verificada de su titular. No obstante, el avance limitado en el tiempo establecido originalmente plantea interrogantes sobre la viabilidad de alcanzar una cobertura total antes de que concluya el año.
Para más información sobre el proceso de vinculación, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
