Paro de transportistas: la CANACAR estima un impacto de 21 mil millones de pesos y el Gobierno abre mesas de diálogo
Ciudad de México, 27 de octubre de 2026. El paro nacional de transportistas de carga que detuvo operaciones desde las 7:00 horas del lunes 26 de octubre y que se levantó la tarde del martes dejó un impacto económico estimado en 21 mil millones de pesos, de acuerdo con el cálculo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). El conflicto se desactivó con un acuerdo entre el gremio y la Secretaría de Gobernación para retirar los bloqueos carreteros e instalar mesas de trabajo sobre seguridad vial, infraestructura y política fiscal.
Las cifras: 21 mil millones de pesos y 1.6 millones de toneladas detenidas
Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la CANACAR, informó que la afectación acumulada por la suspensión de actividades ascendió a 21 mil millones de pesos. La cifra quedó por debajo de las advertencias que el propio sector había lanzado antes de arrancar las movilizaciones: Carlos García Álvarez, presidente de la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), había advertido que las pérdidas podrían llegar a 21 mil 500 millones de pesos por día. La diferencia de base de cálculo —un monto diario proyectado frente a un saldo final de poco más de un día de paro— conviene leerla con cautela: ambas provienen de estimaciones gremiales, no de un registro oficial.
El peso del sector explica la magnitud del número. Las organizaciones convocantes sostienen que el autotransporte de carga moviliza 1.6 millones de toneladas de productos al día por vía terrestre y realiza alrededor de 21 mil cruces fronterizos hacia Estados Unidos, operaciones equivalentes a mil 800 millones de dólares. En mensajes difundidos en redes sociales, la cámara advirtió además que la interrupción podría encarecer la canasta básica en unos 160 pesos por persona a la semana; ese dato no cuenta con respaldo público independiente y debe tratarse como estimación del gremio.
Inseguridad, grúas y un ajuste fiscal: las tres demandas del autotransporte
El pliego que llevó a la CANACAR a convocar el paro bajo la consigna «¡No aguanta más!» combina tres frentes. El primero es la seguridad en las carreteras: el sector exige reforzar la vigilancia para frenar robos de mercancía, extorsiones y cobro de piso, además de un mecanismo de indemnización para unidades robadas. El segundo es el costo de los servicios de grúas y corralones, que las empresas describen como desproporcionado frente a la utilidad del viaje. El tercero es fiscal.
En este último punto, Ramos Melo cuestionó una modificación prevista en la Ley de Ingresos 2027 que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que una empresa acceda al estímulo que le permite acreditar contra el impuesto sobre la renta hasta 50 por ciento del gasto en casetas. El dirigente advirtió que el cambio elevaría los costos de operación y golpearía la capacidad de inversión de las transportistas. El proyecto se discute en la Cámara de Diputados, instancia que aprueba cada año el paquete fiscal.
A esos reclamos se suman la sobrerregulación del sector y el deterioro de la red carretera federal, cuya conservación corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Del bloqueo a la mesa: cómo se destrabó el conflicto
Antes de que arrancaran los bloqueos, la Secretaría de Gobernación había llamado a la CANACAR a privilegiar el diálogo y a evitar acciones que afectaran a la población. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó en su conferencia matutina del martes que una parte del gremio cerrara carreteras cuando las conversaciones con el Gobierno federal ya estaban abiertas desde días antes, y sostuvo que las puertas del diálogo seguían disponibles para atender las demandas del autotransporte.
La mandataria explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró excesivo el beneficio fiscal vigente y por eso planteó ajustar las condiciones de acceso a la deducción de peajes. También señaló que el lunes dirigentes transportistas se habían reunido con funcionarios de Gobernación y de Hacienda.
El desenlace llegó el martes por la tarde. Gobernación y la CANACAR acordaron el retiro definitivo de los bloqueos y la instalación de mesas de trabajo que abordan cinco ejes: seguridad carretera, infraestructura, temas fiscales, seguridad social y condiciones laborales. En las mesas participan autoridades federales y estatales. En las movilizaciones del lunes y martes participaron, junto a la CANACAR, la HAMOTAC, la Organización Integradora de Derechos Convencionales y la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), con afectaciones reportadas en entidades como Morelos y Guanajuato.
Lo que sigue: mesas abiertas y calendario legislativo
La instalación de las mesas no equivale al fin del conflicto. Como han advertido analistas del propio sector, el alcance real de la negociación dependerá de los acuerdos concretos y de los tiempos: la discusión del paquete fiscal 2027 corre en paralelo a las mesas de Gobernación, y cualquier ajuste al estímulo de casetas pasa por el Congreso.
Quedan tres indicadores para seguir el caso. Primero, si se publican cifras oficiales de robo al transporte de carga —el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los registros de seguridad pública son la referencia disponible— y si esas cifras acompañan una baja sostenida. Segundo, si se revisan las tarifas de grúas y corralones mediante un instrumento regulatorio verificable. Tercero, si el gasto en conservación carretera se refleja en el presupuesto del próximo ejercicio.
El episodio deja una tensión sin resolver: un sector que se declara estratégico para la economía —«si el transporte se detiene, la economía de México se detiene», ha repetido la cámara— y un Gobierno federal que necesita cuidar el equilibrio de las finanzas públicas. La pregunta de fondo, que las mesas deberán responder, es cuánto de ese costo se traslada al erario y cuánto al consumidor final.
Lee más en Revista Guinda: sección Política · sección Nacional · CDMX
