Chihuahua, Chih. — 23 de octubre de 2026. La jueza federal Mariana Vieyra Valdés dejó su cargo el 18 de octubre, un día después de autorizar la orden de aprehensión contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y contra Guillermo Zuany Portillo, quien encabezó el área de Operaciones Estratégicas en la fiscalía estatal. La renuncia trascendió esta semana por medio de la defensa del exfuncionario, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene la acusación de traición a la patria.
Qué se sabe de la renuncia de la jueza Mariana Vieyra
De acuerdo con el abogado Héctor Villasana Ramírez, la orden de captura se emitió el sábado 17 de octubre y se ejecutó ese mismo día. La juzgadora, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, habría presentado su dimisión el domingo siguiente.
Villasana explicó que la defensa se enteró cuando, durante la audiencia inicial, preguntó por qué el asunto no estaba a cargo de la persona que había firmado la orden. Fue entonces cuando se exhibió el oficio de renuncia. El litigante calificó la cercanía entre ambos hechos como inusual y la incluyó entre las presuntas irregularidades que, a su juicio, existen en el proceso.
Hasta ahora no se han difundido los motivos de la decisión y, según los reportes disponibles, el Órgano de Administración Judicial no había confirmado públicamente la baja. El expediente quedó en manos del juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes.
El origen del caso: el operativo en El Pinal
La causa tiene su raíz en un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua. Ahí se desmanteló un laboratorio clandestino de drogas. El asunto cobró dimensión nacional cuando se conoció que habían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Los detalles salieron a la luz después de un accidente carretero en el que perdieron la vida dos estadounidenses y dos integrantes de la agencia de investigación estatal cuando regresaban de la misión. Poco después, Jáuregui Moreno presentó su renuncia a la fiscalía local, el 27 de abril, y señaló que su salida buscaba permitir que las indagatorias avanzaran sin interferencias. La gobernadora Maru Campos ha sostenido que no tenía conocimiento de la participación extranjera, según sus declaraciones públicas.
La acusación por traición a la patria
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó en un mensaje difundido en redes que la investigación reunió alrededor de cien actos de indagación. Según su exposición, el exfiscal habría permitido que personal extranjero realizara acciones reservadas a las fuerzas federales, sin avisar a la Federación. La dependencia lo imputa por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional, figura prevista en el Código Penal Federal.
El caso también remite a la Ley de Seguridad Nacional, que regula la presencia y las relaciones con agentes de otros países. Las posiciones oficiales de la fiscalía pueden consultarse en su perfil de X y en sus páginas de Facebook, Instagram y LinkedIn.
Prisión preventiva y siguiente etapa del proceso
Jáuregui fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Un juez dictó en su contra prisión preventiva oficiosa, de modo que permanecerá recluido mientras se resuelve si queda vinculado a proceso.
El exfuncionario ha negado haber ordenado la intervención de los agentes. Su defensa, por su parte, ha cuestionado la legalidad del procedimiento. El gobierno estatal también puede consultarse como referencia institucional en el sitio de Gobierno de Chihuahua.
Presunción de inocencia y dudas pendientes
Una orden de aprehensión y una medida cautelar no equivalen a una sentencia: son etapas previas de un proceso en el que la Fiscalía General de la República deberá acreditar su imputación ante un juez. Siguen sin respuesta varias preguntas: por qué renunció la juzgadora, si el relevo afectará los tiempos del caso y hasta dónde llegará la investigación sobre otros funcionarios. Mientras tanto, el asunto mantiene abierto el debate sobre la coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad.
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