La tortura policial en Jalisco fue señalada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien indicó que los policías estatales cometieron actos de tortura contra los jóvenes que protestaron por el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara. La mandataria pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realice una investigación profunda.
Sheinbaum afirmó que no puede haber tortura en México ni impunidad, y que el gobernador Pablo Lemus debe contestar. Las declaraciones las ofreció este miércoles en su conferencia mañanera.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la tortura policial en Jalisco?
La presidenta calificó de inadmisible lo ocurrido el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Policías estatales antimotines utilizaron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Sheinbaum señaló que no puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y que, además del uso de chorros de agua y gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en el país. Cuestionó cómo es posible que en 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes y exigió que la CNDH investigue a fondo quién dio la orden, entreviste a las víctimas y haya responsables.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el martes solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe detallado sobre los hechos. Planteó que también podría intervenir la Fiscalía General de la República. Recordó que quienes vienen de luchar contra la represión no pueden permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen.
Subrayó que los estados tienen responsabilidad directa sobre sus policías y que Lemus debe explicar la decisión.
¿Cuál fue el origen de la protesta en Guadalajara?
La marcha del 11 de octubre congregó a miles de personas, entre 4 mil y 15 mil según distintas fuentes, que exigían agua limpia. Desde hace meses, al menos 320 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara reciben agua con olor a cloaca, metales pesados, heces fecales y sin cloración adecuada, según denuncias de organizaciones.
La movilización partió de la Glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco. Según autoridades estatales, un grupo de choque de alrededor de 400 personas encapuchadas, con piedras, tubos y otros objetos, provocó enfrentamientos. La policía respondió con agua a presión y gas lacrimógeno, que alcanzó también a participantes pacíficos, incluyendo menores y adultos mayores.
El saldo oficial reportó 39 detenidos, 21 hombres y 18 mujeres, 28 policías heridos, dos de gravedad, y alrededor de 31 civiles lesionados. Organizaciones civiles denunciaron más detenciones arbitrarias, golpes, incomunicación y posibles actos de tortura.
¿Qué respuestas institucionales se han dado?
La CNDH condenó el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua, exhortó a investigar posibles detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos, y posteriormente anunció que atraerá la investigación. La relatora especial de la ONU sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero, pidió una indagatoria pronta e independiente. Amnistía Internacional y otras organizaciones también exigieron esclarecimiento.
El gobernador Pablo Lemus reconoció graves errores, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas. Anunció la liberación de los 39 detenidos, una investigación interna acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y medidas para mejorar la calidad del agua, como el cierre de suministro de la presa de Las Pintas y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle. Afirmó que se investigarán abusos y que antes que gobernador es persona.
El caso pone de nuevo en el centro el derecho a la protesta, el uso proporcional de la fuerza y la calidad del agua como derecho humano en una de las principales zonas metropolitanas del país. Sheinbaum insistió en que no puede haber impunidad y que la CNDH debe entrevistar a las víctimas para determinar responsabilidades. La investigación federal y estatal sigue en curso.
La tortura policial en Jalisco forma parte de las denuncias que la presidenta pidió esclarecer de manera profunda. Las autoridades estatales ya liberaron a los detenidos y anunciaron revisiones internas.
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