La coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) acordó establecer una convocatoria común para ordenar la selección de perfiles que competirán por las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027. La decisión perfila una estrategia política orientada a reducir conflictos internos, contener divisiones anticipadas y construir candidaturas compartidas mediante un solo mecanismo de encuestas y reglas generales.
De acuerdo con la ruta anunciada por las dirigencias partidistas, el proceso servirá para designar las llamadas “coordinaciones estatales de defensa de la transformación”, una figura política que en los hechos funciona como antesala de las futuras candidaturas a las gubernaturas. Aunque cada fuerza política hará adecuaciones conforme a sus estatutos internos, Morena, PVEM y PT coincidieron en que la lógica general será la misma para todos los partidos aliados.
La decisión representa un paso adicional en la consolidación de la alianza oficialista rumbo a los comicios de 2027. En vez de abrir procesos paralelos en cada partido, que después obliguen a negociaciones más complejas y potencialmente desgastantes, los tres institutos políticos optaron por una sola ruta de competencia interna. Con ello buscan enviar una señal de cohesión en un momento en que la disputa por posiciones estatales ya comenzó a intensificarse.
Convocatoria conjunta para ordenar la competencia interna
El calendario previsto establece que el registro de aspirantes se realizará del 22 al 26 de junio de 2026, mientras que el desarrollo del proceso interno se extenderá a lo largo de julio y agosto. La previsión es que las definiciones sobre las 17 entidades se conozcan en septiembre, con el objetivo de llegar con mayor claridad política al siguiente tramo de preparación electoral.
Morena indicó que el 17 de junio presentaría formalmente, junto con sus partidos aliados, el plan integral, la ruta operativa y la convocatoria correspondiente. Esa presentación busca formalizar un esquema que ya se venía perfilando desde meses atrás, en medio de señales de continuidad de la coalición gobernante.
Además de las gubernaturas, el bloque oficialista deberá definir más adelante las postulaciones para diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías. Según la ruta citada en reportes periodísticos, esas definiciones deberán quedar resueltas a más tardar el 31 de diciembre de 2026, lo que deja ver un calendario político apretado para el cierre del año.
Encuestas, filtros y reglas para definir candidaturas
La selección de perfiles se hará a través de encuestas, un método que Morena ha utilizado en procesos internos anteriores y que ahora se extenderá de manera coordinada con el PVEM y el PT. La Comisión Nacional de Elecciones será la instancia encargada de levantar y procesar los estudios demoscópicos, cuyos resultados serán inapelables.
Antes de llegar a la medición definitiva, la ruta prevé un filtro inicial cuando exista un número excesivo de contendientes en una entidad. Esa depuración servirá para reducir la lista y evitar boletas internas saturadas. La encuesta final considerará un máximo de seis precandidaturas por estado, lo que permitirá centrar la competencia entre los perfiles con mayor viabilidad política.
Junto con la medición de posicionamiento, la Comisión realizará una evaluación de idoneidad. Esa valoración incluirá elementos como trayectoria pública, antecedentes políticos y nivel de reconocimiento territorial. En otras palabras, no sólo contará la popularidad, sino también la capacidad organizativa y el perfil político de cada aspirante.
Entre las restricciones reportadas se encuentran la prohibición de campañas ostentosas, el uso de recursos públicos, la contratación de propaganda en medios de comunicación, la colocación de espectaculares y las agresiones entre competidores. También se contempla la cancelación de registros en caso de faltas graves a la convocatoria o a los estatutos partidistas.
Otro requisito relevante consiste en que quienes aspiren a participar deberán separarse de sus cargos públicos, ya sea mediante renuncia definitiva o licencia temporal. Esa medida apunta a limitar actos anticipados de promoción personal y a construir una percepción de mayor equidad entre los participantes.
El acuerdo entre Morena, PVEM y PT
Más allá del procedimiento, el acuerdo tiene una lectura política de fondo. La alianza oficialista enfrenta una competencia interna cada vez más nutrida: distintos reportes señalan que hay más de 50 aspirantes interesados en las 17 gubernaturas en disputa. En ese contexto, un mecanismo unificado busca evitar que la contienda se convierta en una fuente de fracturas prematuras.
La decisión también puede interpretarse como una forma de “operación cicatriz” entre los aliados, luego de tensiones registradas durante el año en diversos estados y en negociaciones locales. Al compartir reglas, calendario y método, Morena, PVEM y PT intentan disminuir márgenes de conflicto en el reparto posterior de candidaturas.
Sin embargo, la alianza aún no aparece totalmente cerrada en todo el país. Versiones periodísticas han señalado que el PVEM considera prácticamente asegurada la coalición en 16 de las 17 entidades, mientras que San Luis Potosí se mantiene como una excepción pendiente de definición. Ese dato sugiere que, aunque hay una voluntad de coordinación nacional, todavía existen espacios de negociación abiertos.
Lo que está en juego rumbo a 2027
La elección de 2027 será una prueba central para la fuerza territorial de la coalición gobernante. Definir con anticipación un método único les permite a los partidos oficialistas administrar mejor sus equilibrios internos y evitar que las disputas locales debiliten su posición frente a la oposición.
En los hechos, la figura de las coordinaciones estatales funciona como un paso previo para perfilar a quienes encabezarán las candidaturas formales cuando lleguen los tiempos legales. Por eso, aunque el lenguaje partidista evite hablar todavía de candidaturas definitivas, el proceso que comenzará en junio tendrá un fuerte peso en la configuración del mapa político de 2027.
La apuesta del bloque Morena-PVEM-PT consiste en llegar a esa elección con reglas conocidas, con menores niveles de confrontación interna y con perfiles que puedan reclamar legitimidad a partir de encuestas y criterios compartidos. La incógnita será si ese diseño logra contener las tensiones reales en los estados, donde los liderazgos locales y los intereses de cada partido no siempre coinciden.
