El coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, subrayó que el éxito de la reforma al Poder Judicial está estrechamente ligado a la evaluación de los aspirantes a cargos judiciales, poniendo énfasis en su honestidad, probidad y reputación pública.
En este sentido, destacó el papel del Poder Ejecutivo en asegurar que el proceso sea cuidadoso y transparente, buscando no solo la competencia técnica, sino también el compromiso ético de los candidatos.
“Ser un buen juez no solo requiere conocimiento del derecho, sino también ser una buena persona, un agente sensible que entienda las necesidades del pueblo y se comprometa con la justicia. Este proceso no puede ser meramente tecnocrático, como lo ha sido en el pasado, sino que debe valorar la trayectoria y la capacidad de los aspirantes para actuar con integridad”, expresó Zaldívar.
El comité encargado de la selección, integrado por miembros del Poder Ejecutivo, del ámbito judicial y de diversas instituciones, evaluará no solo la experiencia profesional de los aspirantes, sino también su reputación y su conexión con la sociedad. Zaldívar recalcó que este enfoque busca evitar los errores del modelo anterior, en el que se priorizaba la competencia técnica sin considerar otros factores esenciales para una buena judicatura.
“Este proceso es abierto y sujeto a la opinión pública. Si quisiéramos un sistema cerrado, habríamos limitado las opciones, pero nuestra prioridad es que lleguen al poder judicial los mejores perfiles, los más comprometidos con los valores de honestidad y justicia”, señaló.
En cuanto al avance de proyectos clave, Zaldívar también destacó los progresos en el Tren Maya, un proyecto que cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo y que, según él, traerá importantes beneficios para el desarrollo económico y social de la región sur del país. “Este fin de semana se dieron avances significativos. El Tren Maya no es solo una obra de infraestructura, sino una pieza clave para el crecimiento de toda una región”, concluyó.
El compromiso del Poder Ejecutivo es garantizar que la reforma al Poder Judicial se base en principios éticos sólidos y en el análisis profundo de las trayectorias de los aspirantes, buscando siempre fortalecer la justicia y la transparencia en México.