El Gobierno de México reconoce responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio casi dos décadas después de que la versión oficial negara la violación y hablara únicamente de causas “naturales” como origen de su muerte. La narrativa estatal inicial, sostenida por Felipe Calderón y respaldada por instancias federales y estatales, cerró durante años la puerta a una investigación efectiva y a la justicia para la mujer indígena nahua.
Ahora, la admisión de responsabilidad se articula alrededor de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual, tortura y muerte en un contexto de intervención militar y fallas graves en la investigación. El Gobierno de México reconoce responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio al aceptar la ruta de reparación integral, memoria y garantías de no repetición ordenadas por el tribunal regional.
La versión oficial de Felipe Calderón y el Ejército
En 2007, el entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que Ernestina Ascencio no había sido violada, adelantándose a las pesquisas ministeriales y fijando como causa del deceso un problema gastrointestinal asociado a una úlcera que habría provocado sangrado interno. Esa postura acompañada por un discurso de cierre de filas en torno al Ejército y por la insistencia en que no existían indicios sólidos de agresión sexual ni de responsabilidad castrense.
En paralelo, la Secretaría de la Defensa Nacional difundió un comunicado en el que negó de manera categórica la participación de sus elementos y sugirió que el ataque podría haber sido cometido por delincuentes que utilizaron uniformes militares para desacreditar a la institución. Ese mensaje, sumado al cambio de posición del gobierno de Veracruz y al archivo de las averiguaciones, consolidó un relato oficial que descartó la violencia sexual y colocó el énfasis en la defensa de la imagen de las fuerzas armadas.
CNDH, archivo del caso y giro posterior
La actuación inicial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue resultó clave para sostener la versión exculpatoria, al emitir la Recomendación 34/2007 en la que concluyó que no había evidencia de semen, ni signos concluyentes de violación sexual, y que la causa de muerte se debía a un problema gastrointestinal. Con esos elementos, la Procuraduría de Veracruz determinó el no ejercicio de la acción penal y el expediente quedó, en los hechos, cerrado para la justicia ordinaria.
Con el paso de los años, nuevos peritajes, testimonios de especialistas y la presión de organizaciones llevaron a reexaminar el caso y a cuestionar la solidez del dictamen original, al señalar posibles presiones políticas para modificar conclusiones médico-legales. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha impulsado revisiones internas y ha reconocido que el caso evidencia cómo la protección de la imagen institucional del Ejército se antepuso a la verdad, la justicia y los derechos de una mujer indígena anciana.
Sentencia internacional y obligaciones de reparación
El giro definitivo llega cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el Estado mexicano es responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, así como por la falta de una investigación diligente, independiente y con perspectiva de género y de pertenencia indígena. Esta resolución se apoya también en los pronunciamientos previos de la Comisión Interamericana, que ya había advertido sobre graves omisiones y un patrón de encubrimiento.
En los informes presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el propio Estado mexicano ha aceptado la necesidad de impulsar medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que supone reconocer públicamente que la narrativa de 2007 fue insuficiente y dañina para la víctima y su comunidad. Entre las obligaciones destacan actos públicos de reconocimiento, revisión de protocolos de investigación cuando hay militares involucrados y políticas específicas de protección a mujeres indígenas en contextos de militarización.
Al centro permanece la memoria de Ernestina Ascencio, mujer nahua de edad avanzada cuya muerte exhibió las tensiones entre poder político, fuerzas armadas y derechos humanos, y cuya historia se ha convertido en símbolo de la lucha contra la impunidad en México.
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