CHETUMAL, Quintana Roo.- La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (TJAAQRoo), Minerva Maribel Moreno Cruz, confirmó que varios de los servidores públicos denunciados recurrieron al juicio de amparo para combatir las resoluciones dictadas en su contra. Entre ellas figura una inhabilitación por desvío de recursos que, por esa razón, todavía no queda firme.
La magistrada presidenta precisó que, en lo que va del año, el órgano resolvió diez asuntos. En cinco de ellos concluyó que no existían elementos para acreditar faltas graves; en cuatro impuso sanciones, y en uno determinó inhabilitar a una persona por desvío de recursos. Según lo expuesto por la titular del tribunal, esta última determinación fue impugnada, de modo que la restricción para ocupar un cargo público aún no surte efectos definitivos.
Cinco expedientes sin elementos y cuatro con sanción
El balance presentado por Moreno Cruz muestra un tribunal que, a dos años de su instalación, ya emite resoluciones de fondo en materia de responsabilidades administrativas. La funcionaria indicó que otras sentencias del órgano también fueron combatidas por los propios justiciables mediante amparos, aunque no detalló cuántas ni en qué etapa se encuentran.
El marco legal que rige estos casos es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en 2016 como parte del paquete que dio forma al Sistema Nacional Anticorrupción. Esa norma distingue entre faltas graves y no graves, y reserva a los tribunales de justicia administrativa la sanción de las primeras, que pueden derivar en suspensión, destitución, sanciones económicas o inhabilitación temporal.
Amparos: por qué una resolución puede quedar sin firmeza
El amparo es un medio de control constitucional que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Amparo, permite resolver controversias por actos u omisiones de autoridad que presuntamente violen derechos humanos. Esa misma ley establece que los tribunales colegiados de circuito conocen del amparo directo y los juzgados de distrito, del indirecto.
La presidenta del TJAAQRoo no especificó en qué modalidad se promovieron los recursos ni en qué instancia se hallan. Lo que sí subrayó es la consecuencia práctica: mientras los juicios no se resuelvan, la inhabilitación por desvío de recursos no puede considerarse definitiva, y lo mismo ocurre con otras sentencias que también fueron impugnadas.
Presupuesto de 110 millones y petición al Congreso
En el mismo encuentro, Moreno Cruz informó que el tribunal ha ejercido 110 millones de pesos durante dos ejercicios y que su equipo calcula el costo de ejecutar proyectos orientados a mejorar la atención a la población. Con tono desenfadado, comparó la solicitud de mayores recursos al Poder Legislativo con una carta de deseos navideña.
La funcionaria reconoció que Quintana Roo atraviesa una contracción económica, pero expresó confianza en recibir una respuesta favorable del Congreso del Estado, ante el cual la presidenta del tribunal ya había comparecido el 21 de octubre de 2025. Quienes deseen revisar cómo se desglosa el gasto del órgano pueden consultar el presupuesto de egresos 2025 del tribunal, publicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal.
Justicia itinerante: llevar el tribunal a colonias y comunidades
El principal proyecto que depende de ese aumento presupuestal es la llamada justicia itinerante. La presidenta explicó que las magistradas y un grupo de colaboradores recorrerían colonias y comunidades para recibir quejas, brindar asesoría y acompañar a las personas en la elaboración de demandas y de recursos como la revocación y la reclamación, con el fin de fortalecer su defensa frente a actos de autoridad.
Moreno Cruz admitió que el tribunal ya participa en audiencias públicas, pero sostuvo que el esquema itinerante sería más cercano a la gente, porque ofrecería apoyo inmediato en el lugar. También señaló que el propósito es incrementar el número de quejas que el tribunal ha recibido hasta ahora. En paralelo, el órgano promueve en sus redes sociales el Juicio en Línea, que permite presentar promociones y consultar expedientes de manera digital.
Un órgano nuevo dentro del Sistema Estatal Anticorrupción
El TJAAQRoo se instaló el 11 de octubre de 2024, según informó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción estatal, en una ceremonia donde Moreno Cruz asumió la presidencia para el periodo 2024-2029. Fue la primera ocasión en que el tribunal quedó integrado exclusivamente por mujeres, y sus cuatro salas fueron asignadas de forma provisional a las magistradas Mayra San Román Carrillo Medina, Rubí Guadalupe Sulub Cih, Nayeli del Carmen Solís Poot y Claudia Carrillo Gasca.
Su estructura y atribuciones están definidas en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. De acuerdo con su sitio institucional, se trata de un órgano público autónomo que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y que dirime controversias entre la administración pública, estatal y municipal, y los particulares, además de fincar responsabilidades por afectaciones a la hacienda pública. Para entender el territorio en el que opera, puede consultarse la ficha de Quintana Roo, entidad de once municipios con capital en Chetumal. Las actividades y comunicados del órgano también se difunden en su página de Facebook.
El proceso de los amparos
Los siguientes pasos dependerán de dos frentes: la resolución de los amparos que mantienen en suspenso las sanciones y la decisión del Congreso sobre el presupuesto que solicita el tribunal. De ambos dependerá que la justicia itinerante se concrete y que la inhabilitación por desvío de recursos quede, o no, firme.
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