Recientemente, un juez ha tomado una drástica decisión al imponer una multa de 54 mil pesos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por su desacato a la orden de suspender la organización de la elección judicial. Este precedente se ha visto seguido por un segundo recurso que conlleva otra sanción económica de la misma cantidad. Si los consejeros persisten en su negativa a catar la suspensión, se procederá a dar aviso al Ministerio Público, lo que podría resultar en penas de cárcel.
La controversia se intensificó luego de que, el pasado jueves, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunciara que se contemplaba la reanudación de las actividades de organización de la elección judicial para el próximo 20 de noviembre. Este anuncio tuvo lugar en un contexto de creciente tensión entre el poder judicial y el INE, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la independencia y el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país.
Durante una reciente conferencia de prensa, el juez Francisco Javier Contreras explicó que, dado el incumplimiento de la orden de suspensión por parte del INE, se impuso la primera multa y luego se notificó a los consejeros sobre esta segunda sanción, que también asciende a 54 mil pesos. Además, subrayó la urgencia de la situación al señalar que se les otorgan únicamente 24 horas para cumplir con el mandato.
El juez anticipó que la negativa a acatar esta orden no solo acarrearía sanciones económicas, sino que habilitaría la intervención del Ministerio Público, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Este artículo detalla una serie de penas que van desde la prisión de 3 a 9 años hasta la destitución del cargo, además de imponer multas que oscilan entre 50 y 500 días de salario.
“Cualquier conducta que se considere procesal o el desarrollo de este procedimiento será responsabilidad del agente del Ministerio Público. Mi deber como juez constitucional es poner este caso en sus manos”, comentó el juez Contreras, enfatizando la importancia de actuar conforme a lo establecido en la ley. “Cuando emita mi sentencia, reflejaré toda la realidad jurídica y constitucional teniendo en cuenta lo que la Corte Interamericana ya ha esbozado sobre este asunto”, concluyó, dejando clara su intención de que se respeten los principios del derecho y la justicia.
En este contexto judicial, se hace imperativo que el INE y sus consejeros actúen con responsabilidad y consideren las graves implicaciones legales de su postura actual. La situación podría llevar a un deterioro aún mayor de la confianza pública en las instituciones, en un momento en que la democracia del país no puede permitirse más dilataciones o controversias.