Una delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) de México viajó a Bolivia con el objetivo de conocer de cerca el proceso de elecciones judiciales en el país sudamericano, en preparación para la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros que se celebrará en México en junio de 2025.
La delegación estuvo integrada por los consejeros Jorge Montaño, Rita Bell López Vences y Uuc-kib Espadas Ancona, quienes participaron como observadores internacionales en el proceso electoral boliviano. Durante la jornada electoral, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Óscar Hassenteufel, expresó su bienvenida a los representantes mexicanos y destacó su interés en aprender de la experiencia boliviana para implementar un proceso similar en México.
La elección de jueces, magistrados y ministros en México, que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025, es resultado de una reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre de 2024. Este será el primer proceso de elección popular para cargos judiciales en el país.
En Bolivia, las elecciones judiciales se realizan cada seis años desde que la Constitución de 2009 estableció el voto popular para elegir a los magistrados de los principales tribunales del país. Más de 7.3 millones de bolivianos fueron convocados a las urnas para elegir a 19 de los 26 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, las elecciones judiciales en Bolivia han enfrentado críticas en años anteriores debido al alto número de votos nulos y blancos, que reflejaron el rechazo de los ciudadanos a lo que consideraban un proceso manipulado por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS). Este año, el fallo constitucional permitió que los comicios se llevaran a cabo únicamente en algunas regiones del país, excluyendo a otros departamentos debido a dificultades logísticas y legales.
Este viaje de los consejeros del INE a Bolivia es parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema electoral mexicano y garantizar que la transición hacia la elección popular de jueces se realice de manera transparente y eficiente.