Entidades requieren entre 200 y 460 millones de pesos para la elección judicial
La mitad del país vivirá unas inéditas elecciones judiciales federales y locales, con un nivel de complejidad nunca antes visto y de manera simultánea. Ante este panorama, los institutos electorales están solicitando financiamiento adicional para organizar el proceso, con estimaciones presupuestales que rondan en promedio los 400 millones de pesos por entidad.
Hasta el 14 de enero, 18 entidades habían aprobado su reforma judicial local, de las cuales 14 estaban más avanzadas, entre ellas Durango, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Baja California y Sonora. En las últimas horas, Zacatecas validó la reforma, y los congresos de Colima y Quintana Roo también la aprobaron, lo que permitirá que 17 entidades renueven su Poder Judicial local el 1 de junio de 2025.
En cuanto a los presupuestos, el Instituto Electoral de Ciudad de México, que enfrenta la renovación de 133 puestos, inicialmente solicitó 883 millones de pesos, pero debido a los recortes presupuestales, el Congreso capitalino aprobó solo 460 millones de pesos, ajustándose al promedio de las demás entidades. Los organismos públicos locales electorales han comenzado a hacer sus estimaciones, pero aún deben esperar la aprobación de sus presupuestos en los Congresos locales o directamente con los gobiernos estatales.
En entidades como Baja California, donde se renovarán 170 cargos judiciales, la falta de recursos también es un reto, pues solo cuentan con 400 mil pesos para apoyar la elección judicial federal, por lo que necesitarán un presupuesto adicional.
El Instituto Nacional Electoral ha cedido a la petición de asignar hasta 1,500 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, lo que podría ser el primer recurso adicional entregado por la Secretaría de Hacienda para la autoridad electoral. Sin embargo, en los estados no se prevé un aporte adicional, por lo que los organismos locales deberán solicitar dinero extra a los Congresos o a los gobiernos estatales.