A 22 días de que concluya el plazo para modificaciones constitucionales y legales, consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizan gestiones de última hora para posponer la elección judicial. La consejera Guadalupe Taddei solicitó un encuentro con legisladores este lunes para explicar la complejidad operativa de realizar simultáneamente los comicios judiciales con las elecciones federales y locales.
Complejidad operativa de la elección judicial
La elección de 800 juzgadores presenta desafíos logísticos sin precedentes en México. La Constitución excluye toda participación de partidos políticos en esta contienda, lo que obliga al INE a diseñar dos estructuras electorales completamente distintas dentro del mismo proceso electoral 2026-2027.
Esta duplicidad operativa implica la creación de boletas electorales separadas, materiales diferentes para cada tipo de votación y capacitación diferenciada de funcionarios de casilla. Además, requiere establecer mesas receptoras de voto específicas para la elección judicial, diferenciadas de las mesas tradicionales utilizadas en las elecciones federales para la renovación de la Cámara de Diputados y en las contiendas locales.
Taddei señaló que esta concurrencia de elecciones podría incrementar significativamente los costos operativos del proceso electoral. Durante la conferencia de prensa del jueves pasado, la consejera comentó que la solicitud de posponer la elección judicial, preferiblemente para 2028, representa el único tema en que existe unanimidad en el Consejo General del INE, aunque posteriormente matizó sus palabras al referirse a que es “uno de los temas” en que hay acuerdo.
Gestiones del TEPJF ante autoridades federales
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, se reunió con funcionarios federales para analizar la viabilidad de la reforma constitucional necesaria. Según fuentes consultadas, las autoridades federales continúan estudiando el tema para tomar una decisión definitiva, aunque el calendario legislativo se estrecha considerablemente.
La Comisión Permanente del Congreso tendría que convocar a un periodo extraordinario para que se apruebe la reforma constitucional requerida. Este procedimiento implica coordinar voluntades políticas en un contexto donde los tiempos disponibles son cada vez más limitados. Los 22 días restantes representan una ventana crítica para que el Poder Legislativo actúe.
Incorporación de nuevos consejeros del INE
Mientras se desarrollan estas gestiones, tres nuevos consejeros se integraron a los trabajos de las comisiones del Instituto Nacional Electoral. Arturo Chávez López, Blanca Cruz García y Frida Gómez Puga asumieron sus responsabilidades en distintas áreas de trabajo.
Chávez López se incorporó a las comisiones de Fiscalización, Organización, Capacitación, Prerrogativas y Partidos Políticos, así como del Registro Federal de Electores. Cruz García se integró a las comisiones de Organización y del Registro Federal de Electores, enfocándose en la estructura administrativa del Instituto.
Gómez Puga participa en la comisión de Quejas y Denuncias, así como en la de Igualdad de Género y No Discriminación, áreas que requieren especial atención en la preparación de cualquier proceso electoral. La distribución de responsabilidades refleja la complejidad que implica coordinar una elección judicial sin participación de partidos, sumada a las contiendas federales y locales simultáneas.
Desafíos de la reforma constitucional
La aprobación de una reforma constitucional para posponer la elección judicial enfrenta múltiples obstáculos. Más allá de los tiempos legislativos reducidos, existe la necesidad de construir consensos políticos amplios. Una modificación constitucional requiere votaciones calificadas en ambas cámaras del Congreso, lo que implica negociaciones complejas entre las diferentes fuerzas políticas representadas.
La propuesta de postergar la elección judicial a 2028 busca permitir que el INE cuente con más tiempo para diseñar los mecanismos operativos adecuados. Realizar simultáneamente tres tipos de elecciones —federales, locales y judicial— sin que los partidos políticos participen en esta última, representa un reto sin precedentes en la historia electoral mexicana.
Implicaciones para el proceso electoral 2026-2027
La decisión sobre si se pospone o no la elección judicial tendrá repercusiones significativas en la logística electoral del país. Si se mantiene la simultaneidad de comicios, el INE deberá multiplicar sus recursos, infraestructura y personal capacitado. Las boletas electorales requerirán diseños especiales, y los ciudadanos enfrentarán papeletas de votación más complejas.
Por el contrario, si se aprueba la reforma constitucional para postergar la elección judicial a 2028, se simplificaría considerablemente el proceso electoral de 2026-2027, permitiendo que el INE y el TEPJF dediquen recursos y atención específica a cada tipo de contienda en momentos distintos. Esta opción facilitaría también la capacitación de funcionarios de casilla y la logística de distribución de materiales electorales.
La unanimidad expresada por el Consejo General del INE respecto a la necesidad de posponer la elección judicial refleja el consenso técnico sobre las dificultades operativas. Sin embargo, la decisión final depende de la voluntad política del Congreso de la Unión, que deberá evaluar tanto los argumentos técnicos como las consideraciones políticas sobre el calendario electoral nacional.
Con apenas tres semanas para que expire el plazo constitucional, las gestiones de Taddei y Bátiz representan un último esfuerzo por convencer a los legisladores de la necesidad de una reforma. Revista Guinda continúa monitoreando cómo evolucionan estas negociaciones que definirán la estructura del próximo proceso electoral en México. Si deseas conocer más sobre las reformas electorales y sus implicaciones, te invitamos a seguir nuestros reportajes sobre política y procesos electorales.
