La directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), magistrada Taissia Cruz Parcero, expresó su preocupación por las reformas constitucionales en materia de justicia que se están implementando en el país, señalando que podrían generar nuevos retrasos procesales y afectar los derechos de las personas privadas de su libertad. Al presentar el Informe Anual 2023-2024, Cruz Parcero indicó que estas reformas amenazan con alterar la división de poderes, el respeto a las libertades y los derechos sociales.
La magistrada alertó sobre el impacto de la reforma judicial, especialmente en lo que respecta al cambio de personas juzgadoras y la asignación de nuevas funciones a las fuerzas armadas, como las facultades de investigación de delitos. Señaló que medidas como el aumento de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y la introducción de la figura de jueces sin rostro podrían vulnerar derechos humanos y poner en riesgo la independencia judicial.
De acuerdo con Cruz Parcero, el IFDP enfrentará retos significativos debido a la reforma, ya que en muchos casos será necesario volver a explicar las reglas del debido proceso, las consecuencias de las violaciones a derechos humanos y la importancia de las perspectivas diferenciadas.
En su informe, el IFDP detalló su desempeño durante el último año, destacando que prestó 32,418 nuevas representaciones en materia de defensa penal, obteniendo 9,598 resoluciones favorables en el sistema penal acusatorio y logrando 1,474 libertades. Además, se brindaron 46,769 servicios de asesoría jurídica y 396 servicios a personas de pueblos y comunidades indígenas.