Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron las reformas a las leyes secundarias en materia de juicios de amparo y la supremacía constitucional, que abordan la inimpugnabilidad de las reformas o adiciones a la Constitución. Estas iniciativas, enviadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, buscan modificar aspectos clave del sistema judicial mexicano.
El primer proyecto de reforma tiene como objetivo modificar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Uno de los principales cambios propuestos es la homologación de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reduciendo su número de integrantes a nueve, con una mayoría calificada de seis votos. Además, se plantea la eliminación de las salas de la Corte, dejando solo el Pleno como órgano decisor.
Entre otras modificaciones importantes, se establece que las sentencias dictadas en juicios de amparo solo atenderán los intereses particulares de las partes involucradas. También se propone trasladar ciertas facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al nuevo Órgano de Administración, así como incorporar un lenguaje incluyente en la Ley de Amparo.
La segunda iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, con el objetivo de establecer la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas constitucionales. Según esta propuesta, no podrán dictarse suspensiones ni presentar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales contra reformas o adiciones a la Constitución.
Sin embargo, estas reformas han sido objeto de controversia. Ricardo Anaya, del PAN, acusó que las modificaciones representan una forma de “colonización del Poder Judicial de la Federación”, señalando que buscan consolidar un régimen autoritario. “No quieren que haya ninguna sentencia en contra del Ejecutivo o del Legislativo que hoy controlan. La invitación es a quitarnos las máscaras y reconocer que las reformas buscan un régimen autoritario”, afirmó Anaya.
Por su parte, la priista Carolina Viggiano advirtió que estas reformas son regresivas y representan un ataque directo a los derechos ciudadanos. “El amparo es para proteger a los ciudadanos del abuso del poder, y esto es un ataque directo a las garantías mínimas que deben tener todas las personas para proteger sus derechos”, declaró Viggiano, sumándose a las críticas sobre las implicaciones de las reformas.
A medida que las propuestas avanzan en el proceso legislativo, los debates sobre su impacto en el sistema judicial y en los derechos de los ciudadanos continúan siendo un tema central en el Senado.