En México, una reciente reforma constitucional ha introducido cambios significativos en la estructura y funciones de varios organismos autónomos. La reforma afecta artículos clave de la Constitución, tales como el 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123, y 134, y plantea la eliminación de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Entre las modificaciones más destacadas, la reforma transfiere las competencias de estos organismos al Poder Ejecutivo y a otras instancias del gobierno, en aras de generar economías y destinar estos ahorros al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La INAI, por ejemplo, perderá su autonomía, y las responsabilidades relacionadas con el acceso a la información pública y protección de datos personales serán asumidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras autoridades de control interno, tanto federales como locales.
La reforma establece que el INE tendrá competencias adicionales en la gestión del acceso a la información y protección de datos de los partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encargará de estas funciones en el ámbito sindical. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asumirá tareas del CONEVAL, como la medición de la pobreza y evaluación de políticas sociales.
En materia de competencia económica y telecomunicaciones, las funciones de la Cofece y el IFT serán absorbidas por el Poder Ejecutivo, que será la entidad reguladora en estos sectores. El Gobierno Federal supervisará las concesiones en telecomunicaciones y radiodifusión y establecerá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura para garantizar transparencia.
Finalmente, la reforma incorpora principios de austeridad en el artículo 134, instruyendo a los entes públicos a ajustar sus estructuras bajo estos lineamientos y a eliminar duplicidades funcionales, lo cual incluye la fusión de entidades y reorganización de tareas. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales disponen de 90 días para actualizar la legislación pertinente.