La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un cambio significativo en el manejo de las funciones relacionadas con la transparencia y protección de datos en el país.
De acuerdo con el decreto, los sujetos obligados deberán operar conforme a la Ley General en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, reasignando dichas responsabilidades a otras instancias. Además, se otorgó un plazo de 90 días naturales al Congreso de la Unión para realizar las modificaciones necesarias en el marco normativo que permitan implementar el decreto.
El documento también estipula que las adecuaciones legislativas deben contemplar la eliminación de organismos, unidades administrativas o estructuras redundantes. Asimismo, se busca integrar las funciones de estos órganos extintos en dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir sus competencias sin duplicar tareas.
Como parte de los objetivos de la medida, el decreto establece que los recursos ahorrados por la eliminación de estos órganos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, en línea con la legislación vigente, buscando fortalecer la seguridad social de los ciudadanos.
La decisión ha generado amplio debate, ya que involucra cambios significativos en la estructura de órganos que, hasta ahora, eran considerados fundamentales para la transparencia y rendición de cuentas en el país.
