Son desventajosas las reformas constitucionales para EU —así lo advierte un reciente informe del Departamento de Estado— al evaluar los cambios aprobados por el gobierno mexicano en materia energética. El documento sostiene que el nuevo marco constitucional favorece a las empresas estatales y reduce el espacio para la inversión estadounidense.
Reforma energética y tensiones bilaterales
El informe Reformas Constitucionales ha generado preocupación en Washington. En la más reciente revisión de políticas, el Departamento de Estado (DOS) afirmó que el cambio estructural en el sector mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, tal como se detalla en su “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.
La administración estadounidense no precisó si considera que estas modificaciones vulneran el T-MEC, aunque el tema será clave en la revisión programada para julio de 2026. Según la información oficial, el trato preferencial otorgado por el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconfigura los equilibrios económicos del mercado energético regional.
Un nuevo modelo de control estatal
En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que redefine a Pemex y a la CFE como empresas públicas con prioridad en la producción y distribución de energía. Este giro marca la consolidación de un modelo centralizado en el que las compañías estatales vuelven a liderar el desarrollo del sector.
La implementación de la reforma, acompañada por diez proyectos de ley, confirmó que son desventajosas las reformas constitucionales para EU, especialmente para empresas privadas que pierden espacio en contratos de exploración, importación y comercialización energética. El nuevo esquema legal otorga a Pemex derecho preferente sobre nuevos bloques de petróleo y gas, con la obligación de conservar al menos 40% de participación en futuros proyectos.
Pemex y CFE: prioridades nacionales
El plan presidencial fija como meta aumentar la producción de petróleo, gas y combustibles refinados, además de diversificar la cartera hacia energías limpias. En este contexto, Pemex impulsa la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras, mientras la CFE refuerza su dominio en el suministro eléctrico.
Las modificaciones constitucionales establecen que al menos 54% de la electricidad nacional provendrá de instalaciones estatales, limitando al sector privado a un máximo de 46%. Esta disposición confirma por qué son desventajosas las reformas constitucionales para EU, al reducir oportunidades de inversión extranjera y comprometer la competencia en el mercado energético mexicano.
Proyecciones y desafíos legales
La Secretaría de Energía (Sener) deberá emitir cada año un plan vinculante que asegure el predominio de la CFE en el despacho eléctrico. El marco busca impedir que el sector privado supere el umbral del 46% de participación. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en 2024 que las decisiones del Cenace deben basarse en criterios técnicos, y no en la preferencia institucional hacia la CFE.
El DOS también recordó antecedentes de políticas restrictivas durante la administración de López Obrador, cuando se limitó la emisión de permisos de importación de combustibles para proteger las marcas nacionales, una tendencia que parece consolidarse bajo el nuevo mandato presidencial.
Evaluación diplomática pendiente
De cara a la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos analizará los efectos de la nueva reforma mexicana en la inversión y competencia energética. Aunque no se anticipan sanciones inmediatas, el tono del informe indica una creciente inquietud sobre el rumbo del sector y las implicaciones para los intereses económicos estadounidenses.
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