Claudia Sheinbaum presenta acciones para abordar la crisis hídrica y proteger a comunidades vulnerables
En un contexto global donde el agua potable es considerada un derecho humano básico, pero aún es un privilegio para una cuarta parte de la población mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado su compromiso para garantizar el acceso a este recurso esencial para los mexicanos.
En respuesta a los retos del cambio climático y la escasez de agua, la mandataria ha impulsado un plan hídrico transexenal que beneficiará a más de 31 millones de personas en todo el país.
Durante una conferencia, Sheinbaum detalló la estrategia para mejorar la gestión del agua en distintas regiones, particularmente en zonas marginadas y afectadas por la falta de acceso. En particular, mencionó a los afrodescendientes de Santiago Pinotepa Nacional y María en Oaxaca, así como a los habitantes del Valle de Mezquital en Hidalgo, quienes enfrentan graves problemas relacionados con la escasez de agua para uso agrícola.
A nivel local, en municipios como San Agustín Tlaxiaca en Hidalgo, las comunidades han denunciado prácticas irregulares en la distribución del agua. Los ciudadanos expresaron su preocupación por los costos exorbitantes de las pipas de agua y la explotación de los recursos por parte de empresas privadas, lo que deja a los habitantes sin acceso a un servicio básico a precios justos. En respuesta, Sheinbaum enfatizó la necesidad de revisar exhaustivamente estos proyectos y garantizar que los más pobres sean los principales beneficiados de los esfuerzos gubernamentales.
Una de las principales acciones del gobierno federal en este sentido ha sido el ordenamiento de las concesiones de agua. En el pasado, estas concesiones eran utilizadas de forma desregulada, lo que generó concentración de los derechos de agua en pocas manos y una distribución desigual en las comunidades. El gobierno de Sheinbaum está trabajando en la creación de un registro único que permita monitorear el uso de los recursos hídricos y sancionar prácticas ilegales como la venta de agua destinada a riego agrícola a municipios.
Con este enfoque integral y de justicia social, el gobierno de la Ciudad de México busca garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras, promoviendo la participación activa de las comunidades y protegiendo a las poblaciones más vulnerables del país frente a la creciente crisis hídrica.