FGR reasegura casa de hija de “El Mencho” en Tijuana. Una disputa legal que se prolonga desde hace casi una década volvió a tomar fuerza esta semana en Tijuana. Jessica Johanna Oseguera González, identificada por las autoridades como hija de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que acate de manera definitiva las resoluciones judiciales que ordenan liberar una vivienda ubicada en la calle Del Volcán número 1355, en la colonia Playas de Tijuana. Pese a contar con al menos dos fallos favorables, el Ministerio Público Federal volvió a asegurar el inmueble al considerarlo un presunto producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
FGR reasegura casa de hija de “El Mencho” en Tijuana, aseguramiento data de 2017
El origen del conflicto data del 13 de julio de 2017, cuando la autoridad ministerial dispuso el aseguramiento precautorio de la propiedad como parte de investigaciones vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde entonces, la defensa de Oseguera González ha promovido distintos recursos legales para recuperar la posesión del bien, argumentando que no existen elementos suficientes que acrediten un origen ilícito de los recursos con los que fue adquirido.
El primer golpe judicial en contra de la Fiscalía llegó el 24 de febrero de 2023, cuando un juez federal concedió el amparo solicitado y ordenó dejar sin efecto la medida cautelar. La FGR recurrió esa determinación, pero el 9 de abril de 2025 el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, ratificó el sentido del fallo, aunque únicamente para que el Ministerio Público motivara con mayor solidez su decisión de mantener asegurado el inmueble.
La respuesta de la Fiscalía: nuevo aseguramiento
En cumplimiento formal de la orden judicial, la FGR dejó sin efecto el acuerdo original de aseguramiento. Sin embargo, prácticamente de manera inmediata emitió una nueva determinación para volver a asegurar la vivienda, esta vez bajo el argumento de que se trata de un “producto del delito”. Con ello, la Fiscalía evitó liberar materialmente la propiedad pese a que, en los hechos, había perdido el litigio en dos instancias.
Para sostener su postura, el Ministerio Público expuso el árbol genealógico y la red de negocios que, según su investigación, rodean a Jessica Johanna Oseguera González. La autoridad la identificó como hija de Nemesio Oseguera Cervantes, hermana de Rubén Oseguera González y esposa de Julio Alberto Castillo Rodríguez, todos ellos señalados en distintos expedientes por delincuencia organizada. La FGR también la vinculó con marcas y empresas como JJGON, J & P Advertising, Servicios Alimentarios Kibo, Sanchez Realty, Onze Black, Las Flores Cabañas y Mizu Sushi Lounge.
Con base en esos elementos, el Ministerio Público sostuvo que existe un “alto grado de probabilidad” de que la vivienda haya sido adquirida con recursos de procedencia ilícita, y advirtió que liberar la propiedad podría comprometer un eventual decomiso si en el futuro se acredita judicialmente el origen ilegal de los fondos.
Un patrón repetido en la familia Oseguera González
El caso de Jessica Johanna no es un hecho aislado dentro del entorno familiar. Su hermana, Laisha Michelle Oseguera González, enfrenta un litigio similar por otro inmueble ubicado en la misma zona de Playas de Tijuana. De acuerdo con reportes periodísticos previos, la familia adquirió varias propiedades en esa colonia entre 1998 y 2009, algunas de las cuales continúan bajo resguardo de la FGR mientras avanzan las investigaciones sobre su origen.
Este patrón ilustra una estrategia recurrente por parte de la Fiscalía en casos vinculados al crimen organizado: el uso de aseguramientos sucesivos —incluso después de perder un litigio— como mecanismo para retrasar la restitución de bienes mientras se completan las indagatorias sobre lavado de dinero.
Cumplimiento judicial contra facultades del Ministerio Público
Más allá de la posesión material de la vivienda, el litigio plantea una pregunta de fondo para el sistema de justicia mexicano: hasta qué punto puede una autoridad ministerial sortear el cumplimiento de una sentencia de amparo mediante la emisión de un nuevo acto administrativo con distintos fundamentos legales. Especialistas en materia de amparo han señalado en casos similares que esta práctica —conocida como “reasegurar” un bien tras perder un litigio— genera controversia porque, en los hechos, prolonga indefinidamente la privación de un derecho de propiedad sin que exista todavía una sentencia penal firme.
Por su parte, la Fiscalía defiende que su actuación busca preservar la posibilidad de una acción de extinción de dominio o decomiso, en caso de que more adelante se acredite el vínculo entre el inmueble y actividades del CJNG. El caso, por ahora, continúa abierto y previsiblemente derivará en un nuevo recurso legal ante tribunales federales.
La investigación patrimonial en torno al CJNG
El litigio por la vivienda de Playas de Tijuana se inserta en una estrategia más amplia de las autoridades mexicanas y estadounidenses para golpear las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que el gobierno de Estados Unidos ha señalado como una de las más activas en el tráfico de fentanilo hacia ese país. En los últimos años, distintas dependencias han identificado bienes inmuebles, cuentas bancarias y empresas presuntamente utilizadas para lavar recursos vinculados al cártel, en un esfuerzo por debilitar su estructura financiera más allá de las detenciones de sus operadores.
