La reciente aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Derechos ha provocado un intenso debate entre el gobierno mexicano y la industria turística, especialmente en el sector de los cruceros. La reforma, que elimina una excepción para los pasajeros de cruceros que solo visitan comunidades portuarias por pocas horas, establece un impuesto de 42 dólares por pasajero. La medida ha desatado preocupaciones en diversos actores económicos, quienes advierten que podría afectar la competitividad de México como destino turístico.
La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) ha expresado su inquietud, argumentando que este nuevo impuesto desincentivará las visitas a México y pondría al país en desventaja frente a otros destinos del Caribe. Según la FCCA, el impacto económico sería significativo, especialmente para las familias que viajan en crucero, ya que el cobro adicional podría sumar hasta 200 dólares para un grupo de cuatro personas.
Por otro lado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) ha manifestado que, si bien este impuesto podría perjudicar a algunas localidades que dependen del turismo marítimo, también representa una oportunidad para modernizar la infraestructura portuaria del país y atraer un turismo de mayor calidad. A pesar de esta visión más positiva, la Concanaco subraya los riesgos asociados, incluyendo conflictos legales y logísticos, así como posibles pérdidas de empleos en las comunidades portuarias.
Además, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) advierte que México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3.300 escalas de buques, lo que elevaría significativamente los costos de los puertos mexicanos en comparación con los del Caribe. En este contexto, la presidente de la FCCA, Michele Paige, y otros líderes empresariales han solicitado al gobierno mexicano reconsiderar la medida, planteando que su implementación podría generar efectos negativos a largo plazo.
A pesar de las preocupaciones planteadas, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, asegurando que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste a un cobro ya existente. Sheinbaum también destacó que el gobierno está dispuesto a establecer un diálogo con las empresas navieras para abordar sus inquietudes y garantizar que la medida sea implementada de manera equilibrada.
El sector turístico, especialmente los destinos clave como Cozumel, Puerto Vallarta y Acapulco, espera que la resolución de este tema se lleve a cabo de manera que no afecte el desarrollo económico de las localidades que dependen del turismo de cruceros.