El 2025 redefinirá la democracia en México. Es un periodo marcado por desafíos sin precedentes, como la histórica elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
Este proceso despertó, desde su planteamiento en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, una controversia generalizada entre académicos, actores políticos y la sociedad civil.
Actualmente, solo Estados Unidos, Suiza y Bolivia aplican un sistema de este tipo. México se convertirá este año en el cuarto país que elige a autoridades juzgadoras representativas.
En total, el 1 de junio se elegirán 881 cargos judiciales en 19 entidades federativas. Se trata de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces de Distrito.
INE en la austeridad
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó originalmente más de 13 mil millones de pesos para organizar las elecciones judiciales de este año; sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de apenas 6 mil 219 millones, lo que representó una reducción de más del 50 por ciento. Esto obligó al organismo a instalar solo 73 mil casillas, en lugar de las 172 mil previstas inicialmente.
Además, se redujeron significativamente los recursos destinados a capacitación electoral, difusión y materiales, lo que podría afectar la calidad y legitimidad del proceso.
Entre las particularidades de este proceso electoral destacan la eliminación del conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo que podría traducirse en retrasos en la difusión de resultados y poner en tela de juicio la transparencia y confianza en el proceso.
Asimismo, la consejera Claudia Zavala señaló que las casillas estarán más alejadas de los domicilios de los votantes, lo que podría afectar la participación ciudadana; además, se imprimirán más de 600 millones de boletas, el doble que en las elecciones anteriores, lo que representa un desafío adicional.
Desafíos locales de los OPLES
En las entidades, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), responsables de organizar las elecciones, también enfrentan limitaciones presupuestales.
Hasta el pasado enero, 11 de estos se encontraban en riesgo medio (Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Yucatán, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo) o alto (Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas) por la falta de recursos financieros.
En seis de estos estados: Colima, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Ciudad de México se renovará el Poder Judicial Local, y la limitante de recursos es más grave, al punto de verse comprometidas no sólo las elecciones, sino también su actividad ordinaria.
Aunque la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ponderó el compromiso y la ruta clara y definida de la institución, dentro de lo material se verán comprometidas la contratación de supervisores, la accesibilidad y la divulgación, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas, donde la información llega tardíamente, tergiversada o nunca llega. La brecha digital y la falta de accesibilidad a los medios de comunicación oficial también arriesgan la equidad del sufragio.
Mexicanos entre el escepticismo y la esperanza
Tal vez el mayor desafío para las elecciones de este año sea la motivación ciudadana. Mientras algunos ven en este proceso una oportunidad para democratizar la justicia, otros expresan escepticismo ante la politización del Poder Judicial y la falta de información; asimismo exhiben su hartazgo y desconfianza sobre las instituciones.
Al respecto, el INE ha dicho que el eje transversal de estas elecciones es que la ciudadanía dará certeza a la clasificación, conteo y traslado de votos. El domingo 1 de junio, a las 18:00 horas iniciará la sesión permanente de cómputos electorales. Este procedimiento estará a cargo de los mexicanos que participen como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla Seccional.
Poca participación indígena
La exclusión de comunidades indígenas también es importante. De los más de 3 mil aspirantes a cargos judiciales, únicamente siete se identifican como indígenas, lo que refleja la falta de representatividad en el proceso. Tampoco se contemplan planes de integración ni cuotas para representar a los más de 23 millones de mexicanos que pertenecen a los pueblos originarios.
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas ha señalado al actual sistema de justicia mexicano por ser distante y ajeno a las problemáticas y la realidad de sus pueblos y acusó al INE de condenarlos a la pasividad. En caso que alguno de sus aspirantes gane un puesto, buscarán impulsar y garantizar los derechos de sus comunidades.
Campañas judiciales: errores y aciertos
Para los aspirantes a cargos judiciales, las redes sociales, como TikTok e Instagram, son una estrategia creativa para captar la atención de los votantes; sin embargo, muchos han exhibido su falta de experiencia política, de asesorías y recursos, lo que los llevó a emprender campañas improvisadas y, en algunos casos, polémicas por su poco profesionalismo. Tal es el caso del “Candidato chicharrón” o de “Dora la Transformadora”.
Destaca también el caso de Job Daniel Wong Ibarra, exministro de la iglesia La Luz del Mundo, quien generó controversia debido a sus vínculos con una congregación cuyo líder fue condenado por abuso sexual infantil y porque la Constitución impide a los dirigentes religiosos ser votados y ocupar puestos públicos.
Sin embargo, a pesar de las impugnaciones, el Tribunal Electoral confirmó su candidatura. Aunque su supuesta ilegibilidad se derivaba de su condición de ministro de culto los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial determinaron que “no constituye una infracción susceptible de ser analizada”.
Sufragio, ¿toral para redefinir la democracia?
Aunque se ha hablado de la democratización del Poder Judicial en México, las elecciones de este año no estuvieron ajenas a la controversia. Expertos han señalado que el sufragio no es la única ruta para democratizar la elección de los jueces, y ligar la democracia meramente al voto es un enfoque reduccionista y limitante.
Tradicionalmente se ha identificado a la democracia con el acto específico de votar, pero un gobierno efectivamente democrático debe basarse en los principios de igualdad, participación inclusiva, respeto a los derechos humanos y en el Estado de Derecho. Requiere, además, de organismos e instituciones transparentes, responsables y que rindan cuentas al pueblo, así como de garantizar la opinión libre de la gente.
El Informe de Desarrollo Humano Global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que aunque el 29 por ciento de la población global vive en gobiernos democráticos, y tiene una opinión positiva de esta forma de gobierno, también casi el 70 por ciento de los pobladores siente que tiene poca o nula influencia sobre las decisiones de sus líderes y funcionarios; peor aún, sienten que éstos pueden socavar la democracia.
Esto, que se ha denominado como “La paradoja de la democracia” se ha incrementado desde finales del siglo anterior, pasando de un 37 por ciento a un 53 por ciento de la población, aproximadamente.
En México, aunque se avanzó en alternancia política y pluralismo, aún persisten la concentración del poder, la exclusión social y la desconfianza en las instituciones. El INE ha pugnado por fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones con mecanismos de democracia directa.
Esta se define como la colaboración entre los servidores públicos y la ciudadanía con el fin de mejorar la calidad de vida de las sociedades e incluye mecanismos como el plebiscito, el referéndum, las consultas ciudadanas y populares y las iniciativas populares.
En el Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023 se señaló que México está todavía muy atrás en el tema. Como ejemplo, en las elecciones del 2018 se registró un 63 por ciento de participación ciudadana, que se redujo a un 52.66 por ciento en el 2021; en contraparte, la Consulta Popular de 2021 tuvo una participación del 7.11 por ciento, y la revocación de Mandato, de 17.77 por ciento.
La elección judicial de 2025 representa un hito en la historia democrática de México. A pesar de los desafíos presupuestales, logísticos y sociales, este proceso ofrece una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en el Poder Judicial.
La ciudadanía, las instituciones y los candidatos tienen la responsabilidad de garantizar que esta elección sea un paso firme y seguro hacia una justicia más democrática e inclusiva. La clave está en no olvidar el poder transformador del voto informado.
