La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena para Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, de entre 20 y 40 años de prisión. El ex mandatario es acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustible.
Las autoridades señalan que Ruffo y sus cómplices operaron un esquema para introducir combustible de Estados Unidos a territorio nacional utilizando transporte ferroviario. El objetivo del grupo era evadir el pago de impuestos y eludir las regulaciones aduaneras para colocar los hidrocarburos en el mercado interno.
La audiencia para definir si la jueza Alejandra Ramírez de la Vega vincula a proceso a los imputados continuará hoy en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya. La sesión está programada a las 17 horas y será clave para determinar el futuro jurídico del ex gobernador.
De acuerdo con la orden de aprehensión, a la cual este medio tuvo acceso, la banda realizó al menos nueve embarques desde Deer Park, una refinería filial de Pemex ubicada en Texas. El combustible fue trasladado hacia la empresa Ingemar, que tenía a Ruffo como consignatario, y la compañía Internacional de Fundentes como destinatario final en México.
Las investigaciones revelaron que la empresa Internacional de Fundentes falsificó documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los autorizados. La compañía recibió cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, premium y turbosina, pero habría superado esos límites de manera ilegal.
La FGR documentó que el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta y su colaborador Alexis Aarón Camacho Flores cuentan con dos órdenes de aprehensión. Ambos están señalados por declarar, el 20 de octubre de 2023 en la aduana de Matamoros, la entrada de dos cargamentos de aceite lubricante básico cuando en realidad se trataba de gasolina y diésel.
El Ministerio Público Federal aseguró que la red operaba con una estructura compleja que simulaba operaciones legales para ocultar el tráfico ilícito. La condena para Ernesto Ruffo que busca la FGR responde a la gravedad de los delitos imputados y al monto del perjuicio causado al fisco federal.
Como parte de las indagatorias, las autoridades localizaron 129 carrotanques distribuidos en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. En esos vehículos se encontraron más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin la documentación legal que acreditara su procedencia o el pago de impuestos correspondientes.
El 19 de septiembre de 2025, Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado legal de Pemex, presentó una denuncia de hechos ante las autoridades. En su declaración, señaló que el aseguramiento de 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros y de otros 96 con 11 mil 520 litros demostraba la operación de un grupo organizado.
Trejo Sepúlveda argumentó que una sola persona no tiene capacidad para transportar tales cantidades de producto a través de ferrotanques. Por ello, sostuvo que se trata de grupos de delincuencia organizada que operan este tipo de actividades ilícitas a gran escala.
Para la FGR, Ruffo y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo esquema de simulaciones a través de 11 compañías. El objetivo fue introducir a México 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina contenidos en 163 carrotanques en condiciones ilegales, evadiendo contribuciones fiscales.
El esquema permitió a la red colocar los hidrocarburos en el mercado nacional fuera de los canales autorizados. Esta operación irregular ocasionó un perjuicio al fisco federal por 166 millones 466 mil 735 pesos, según los cálculos de la Fiscalía.
La solicitud de una condena para Ernesto Ruffo de hasta 40 años refleja la postura de la FGR ante lo que considera un caso de gravedad mayor. Las autoridades continúan recabando pruebas para fortalecer la acusación en contra del ex gobernador y sus presuntos colaboradores.
Mientras tanto, alrededor de 100 personas, incluidos la mayoría de los representantes populares que todavía conserva Acción Nacional en Baja California, se reunieron frente a las oficinas de la FGR en Tijuana. Los manifestantes exigieron la liberación de Ruffo y mostraron su respaldo al ex mandatario.
Entre los asistentes destacaron figuras de la época en la que Ruffo fue gobernador, como Héctor Osuna, ex alcalde de Tijuana, y José Guadalupe Osuna, otro ex gobernador del partido blanquiazul. También acudieron el diputado federal César Damián Retes, el senador José Máximo García y varios regidores.
La mayoría de los ciudadanos que participaron en la protesta eran personas de la tercera edad. Los manifestantes expresaron su inconformidad con el proceso judicial y pidieron que se respete la presunción de inocencia del ex gobernador.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega deberá evaluar los argumentos de la FGR y las defensas de los imputados para determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso. La resolución se espera una vez concluida la audiencia programada para esta tarde en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya.
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