Organizaciones civiles y colectivos de apoyo a migrantes demandaron justicia por los 18 connacionales que han fallecido en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y en sus centros de detención. La exigencia se hizo durante una jornada de protesta en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde colocaron decenas de fotografías de las víctimas mortales.
Entre los rostros exhibidos estaban los de Lorenzo Salgado, mexicano, y el colombiano Johan Sebastián Durán. Los activistas subrayaron que detrás de cada cifra hay una historia de vida, así como familias y comunidades enteras que enfrentan el duelo por la pérdida de un ser querido.
Los manifestantes enfatizaron que el acto no busca generar odio ni divisiones, sino visibilizar el valor de la vida humana y acompañar a quienes han sufrido una pérdida irreparable. Reafirmaron que la dignidad, la justicia y los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier condición migratoria.
Rossy Antúnez, representante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), detalló que entre 2003 y 2024 se documentaron 49 muertes de mexicanos en contextos migratorios. Sin embargo, destacó que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025, los fallecimientos han mostrado un incremento.
La activista señaló que el gobierno estadounidense tiene una responsabilidad directa en estos casos, pero también cuestionó la respuesta de México. Calificó las acciones diplomáticas del país como “tardías” y expuso que las demandas interpuestas no han sido suficientes para frenar las muertes de ciudadanos mexicanos en el vecino país.
Antúnez subrayó que la falta de infraestructura y personal en los consulados mexicanos ha dejado a decenas de migrantes sin protección. Denunció que han documentado casos de personas que nunca tuvieron contacto con un agente consular y que tampoco recibieron información básica sobre sus derechos humanos. Esta situación, advirtió, los expone a abusos y violaciones sistemáticas.
La exigencia por los mexicanos muertos en operativos de ICE se convirtió en el eje central de las intervenciones. Los colectivos insistieron en que las autoridades deben garantizar asistencia consular oportuna y eficaz para todos los detenidos en territorio estadounidense.
Luis Valentan, de la red National Day Laborer Organizing Network (NDLON), afirmó que la comunidad migrante vive un atentado directo contra sus derechos más fundamentales. Señaló que la búsqueda de una vida digna, respetuosa y con oportunidades para proveer a las familias se ha criminalizado en el discurso oficial y en las políticas migratorias.
Valentan enfatizó que esa persecución ha trascendido hasta ocasionar la muerte de muchas personas que solo buscaban un futuro mejor. Los participantes en la jornada también denunciaron las condiciones dentro de los centros de detención, donde la falta de atención médica y el trato inhumano son constantes.
Durante el acto, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Al término, se solidarizaron con los hijos, parejas y padres de las víctimas, así como con todas las personas que han sufrido violencia por parte de los agentes migratorios.
Bajo la consigna “Migramos para vivir, no para ser asesinados”, los colectivos reiteraron su llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que asuman su responsabilidad y tomen medidas concretas. Exigen que se investigue cada caso y que se garantice el respeto a la integridad de los migrantes, sin importar su estatus legal.
La movilización en el Monumento a la Revolución dejó un mensaje claro: la lucha por la justicia no cesará hasta que se esclarezca la suerte de cada uno de los mexicanos muertos en operativos de ICE. Las organizaciones anunciaron que darán seguimiento a las investigaciones y mantendrán presión sobre las autoridades consulares y diplomáticas.
El incremento de fallecimientos desde 2025 ha encendido alarmas en los círculos de defensa de derechos humanos. Los colectivos consideran que la política migratoria de la actual administración estadounidense ha exacerbado las condiciones de riesgo para los indocumentados, particularmente durante los procesos de detención y deportación.
Finalmente, los activistas insistieron en que la indiferencia es cómplice de la tragedia. Demandaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reforzar los mecanismos de protección y ampliar la cobertura consular en las ciudades con mayor presencia de connacionales. También pidieron que se establezcan canales de comunicación más efectivos para que los detenidos puedan acceder a asesoría legal y acompañamiento.
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