Desde la madrugada del lunes, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) articuló un megabloqueo nacional que paralizó casetas, aduanas y accesos estratégicos en varios estados a la cual se unieron productores agrícolas que decidieron no quedarse al margen. La consigna del presidente de transportistas afirma que habrá más cierres si la reunión de este martes con Gobernación se queda en foto y minuta, sin un compromiso firmado que aterrice soluciones en el asfalto.
En esa lógica, el mensaje al Gobierno federal es directo: el paro no será un evento aislado, sino un ensayo de lo que podría convertirse en un conflicto prolongado, capaz de golpear el abasto, los tiempos de entrega y cadenas logísticas en cuestión de horas. Entre los propios líderes se habla de un margen de maniobra corto: o hay acuerdos verificables, o se activa una nueva oleada de bloqueos.
Hartazgo por inseguridad y extorsiones
Afirma el presidente de la asociación de transportistas, David Estevez Gamboa: los operadores salen a trabajar con miedo, no sólo temen el riesgo de ser asaltos, sino el costo de cada retén “espontáneo” donde una falta administrativa se convierte en una extorsión de decenas de miles de pesos. El dirigente describe una realidad en la que policías estatales y municipales instalan filtros en tramos federales, pese a que la vigilancia de esas vías corresponde a la Guardia Nacional, y usan la falta de licencias plastificadas, verificaciones o trámites pendientes como pretexto para “negociar” sobre el cofre del camión.
A esa presión cotidiana se suma el deterioro de la red carretera, los incrementos en peajes y el impacto de combustibles sobre una industria que ya opera al límite, con márgenes cada vez más apretados. En el discurso del movimiento se cruzan dos palabras que lo resumen todo: inseguridad y hartazgo, una mezcla que explica por qué tantos transportistas se sumaron, incluso más allá de las estructuras formales de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
Qué exige el gremio al Gobierno federal
En la mesa con la Secretaría de Gobernación, el pliego central del movimiento se reduce a dos exigencias consideradas “mínimas” por los propios dirigentes. Primero, un oficio dirigido a los gobernadores que prohíba a las policías estatales y municipales instalar retenes en carreteras federales, o que, si existen, funcionen únicamente bajo coordinación y supervisión directa de la Guardia Nacional.
Segundo, la instalación de una oficina de la Fiscalía General de la República especializada en robo al transporte, con capacidad real de investigar bandas que operan en distintas rutas del país. Otros temas –como el costo del diésel, los combustibles, IEPS e IVA– quedaron en una especie de “segunda capa” de la agenda, listos para discutirse después, siempre y cuando el Gobierno muestre primero un gesto claro en materia de seguridad y fin a las extorsiones.
Entre la lucha política y la gremial
Mientras la movilización crecía, desde el Gobierno y algunos actores políticos se intentó leer el megabloqueo en clave partidista, asociándolo a grupos de oposición o incluso a empresarios incómodos para la administración federal. Frente a ello, voces del movimiento insistieron en que la protesta no responde a colores ni a calendarios electorales, sino a la serie de agravios acumulados durante años, incluidos los más recientes.
La tensión también se trasladó a los medios, donde se ha señalado que la protesta se estaría “capitalizando” políticamente, mientras los transportistas replican que lo que menos necesitan son intermediarios que hablan en su nombre sin conocer la realidad de los caminos. En ese contexto, la figura de David Estevez Gamboa, al frente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), se coloca como uno de los puntos de presión directa hacia la Secretaría de Gobernación, al marcar públicamente la ruta de la movilización.
Riesgos de una escalada de bloqueos
Si la reunión con Gobernación termina en desencuentro, el propio presidente de transportistas afirma que habrá más cierres totales en distintos puntos del país, pasando de los bloqueos intermitentes a una estrategia de presión que pondría contra las cuerdas la circulación de mercancías y la distribución de combustibles. La experiencia de las últimas horas mostró que 24 horas de paro bastan para tensionar centrales de abasto, estaciones de servicio y cadenas de suministro que operan con sistemas JIT.
Con ese precedente, una nueva jornada de cierres podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector y en un desgaste político mayúsculo para el Gobierno, que insiste en que “no había motivo” para los bloqueos y que ya existen mesas de trabajo con otras organizaciones. En contraste, el movimiento sumado de transportistas y productores agrícolas más otros grupos regionales advierte que no piensa retirarse solo con promesas generales, sino con acuerdos firmados que se traduzcan en menos retenes, menos extorsiones y más seguridad efectiva en carretera.
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